La Audiencia Nacional española resolverá sobre la justicia universal

  • El pleno de la Audiencia Nacional de España examinará todos los recursos que se planteen a la aplicación de la reforma de la justicia universal después de que los jueces de instrucción se rebelasen contra el archivo de las causas.

Madrid, 21 mar.- El pleno de la Audiencia Nacional de España examinará todos los recursos que se planteen a la aplicación de la reforma de la justicia universal después de que los jueces de instrucción se rebelasen contra el archivo de las causas.

Los 18 magistrados que integran el pleno de este tribunal adoptaron la decisión por unanimidad en la reunión ordinaria que celebraron hoy, según informaron fuentes jurídicas, aunque todavía no ha llegado ningún recurso.

La reforma de la Justicia Universal establece que los jueces españoles sólo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

Actualmente, los seis juzgados de la Audiencia Nacional investigan causas como el supuesto genocidio chino en Tíbet y el de Ruanda en 1994, la muerte de seis jesuitas en 1989 en El Salvador, el asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala en 1980 o la muerte de un camarógrafo español en Irak en 2003 por disparos de militares estadounidenses.

Desde la aprobación de la reforma, que establece el archivo retroactivo de las causas abiertas por el principio de jurisdicción universal, los seis jueces de instrucción de ese tribunal se rebelaron contra la norma, y dieron traslado a las partes para que informen sobre su aplicación en las causas que tramitan.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya emitió dos informes, por el caso de la muerte del camarógrafo español José Couso en Irak por disparos militares estadounidenses en 2003, y en el del genocidio del Tíbet, en el que hay imputados ex presidentes chinos como Jiang Zemin y Hu JinTao.

La Fiscalía también manifestó su discrepancia al entender que la reforma limita la investigación de delitos, lo que a su entender podía ser "en cierta medida" inconstitucional.

El juez que instruye el caso Couso, Santiago Pedraz, se manifestó en contra de archivar el caso, invocando la Convención de Ginebra, mientras que su compañero Fernando Andreu mostró claramente sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la justicia universal.

La limitación de la Justicia Universal fue aprobada por las dos Cámaras del Parlamento español con el único respaldo del gobernante Partido Popular (centroderecha). EFE

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