La Audiencia Nacional ha rechazado retrasar o suspender la extradición a Estados Unidos del exjefe de los servicios de contravigilancia venezolano Hugo Carvajal, más conocido como 'El Pollo' Carvajal, por la citación como testigo el próximo 27 de octubre en una causa que el juez instructor Manuel García Castellón ha reabierto sobre la presunta financiación irregular de Podemos. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que aprecia una "maniobra dilatoria" en la actuación del militar en relación a la diversa documentación que ha aportado, subraya que su posición de testigo no es motivo para paralizar la entrega, ya que dicha comparecencia puede realizarse a través de los mecanismos de cooperación jurídica.
De este modo, los magistrados de la Sala responden a la petición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de aplazar el trámite de la extradición para poder tomarle declaración en el marco de un procedimiento, que había sido archivado en 2016, sobre los presuntos fondos que la formación 'morada' habría recibido de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a través de la Fundación CEPS, considerada el origen del partido. En este sentido, el tribunal que este mismo miércoles acordó hacer efectiva la entrega de Carvajal a las autoridades estadounidenses señala que es la "única autoridad judicial competente” para decidir sobre la entrega del militar 'chavista'.
Es más, el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, subraya en una providencia que la Unidad de Cooperación Policial Internacional, ante la que puso a disposición 'El Pollo' Carvajal para que materialice la extradición, atiende "única y exclusivamente" a sus órdenes.
'El Pollo' Carvajal fue detenido el pasado 9 de septiembre en un piso de Madrid tras llevar dos años en paradero desconocido. La Audiencia Nacional acordó en noviembre de 2019 su entrega a Estados Unidos por los presuntos delitos de tráfico de armas y de drogas y desde entonces se ha ocultado de la Justicia para evitar que se hiciera efectiva. Hace algo más de mes y medio, después de ser 'capturado' y enviado de nuevo a prisión, el exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela se ofreció para revelar datos con el fin de retrasar todo lo que fuera posible la extradición.
"Maniobra dilatoria"
Así, tras declarar de manera voluntaria ante el juez García Castellón el pasado 20 de septiembre, ha aportado diversa documentación que supuestamente acreditarían contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón con la petrolera venezolana PDVSA, cuya veracidad ha sido negada por el bufete; y archivos sobre pagos de los gobiernos de Venezuela a miembros del equipo fundacional de Podemos. Todo ello ha llevado al magistrado instructor a acordar la reapertura de la causa que se archivó en 2016 al entender que el informe denominado Pisa, que trataba la presunta financiación irregular del partido antes liderado por Pablo Iglesias, era "un conjunto desordenado de reproducciones de noticias" publicadas en prensa.
Para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, esta intención de Carvajal de colaborar con la Justicia no es más que una "maniobra dilatoria del proceso extradicional", pues no ha sido hasta ahora cuando ha querido ofrecer su conocimiento sobre los fondos transferidos al equipo fundacional de Podemos. En la resolución, los magistrados hacen hincapié en que durante el tiempo que estuvo este procedimiento abierto en 2016, el militar venezolano no pidió declarar en ninguna ocasión. Asimismo, recuerdan que ya ha logrado retrasar la entrega a Washington durante dos años, pues ha estado en busca y captura desde que se aprobó atender a la reclamación de Estados Unidos.
Últimos intentos
En realidad, éste no es el único mecanismo empleado por la defensa de Carvajal para frenar la extradición. Tras su detención el pasado mes de septiembre, interpuso un recurso de reposición contra la decisión del Ministerio del Interior de denegar su petición de asilo. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska volvió a rechazar esta solicitud de 'protección' hace unos días y tras su comunicación, la Audiencia Nacional reactivó el proceso de extradición al considerar que la vía administrativa ya estaba concluida. No obstante, la abogada de Carvajal ha presentado 'in extremis' un recurso de revisión en el Ministerio contra su última decisión, y otro recurso ante la Sala de lo Penal solicitando que la extradición se detenga porque dicha vía aún no ha finalizado.
El que fuera jefe de la contrainteligencia venezolana también puede pelear en los tribunales su petición de asilo, pues puede recurrir la resolución administrativa en su contra ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, si bien, según indican las fuentes jurídicas, no paralizaría el proceso de extradición, salvo que solicite unas medidas cautelarísimas -a resolver como máximo en 48 horas- y éstas sean admitidas.
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