La bajada del sueldo de los funcionarios eleva la litigiosidad en contencioso

Madrid, 14 oct.- Un total de 2.344.555 asuntos llegaron a los juzgados en el segundo trimestre de este año, un 2,7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2010, aunque la litigiosidad creció en la jurisdicción contencioso administrativa un 10,8 por ciento por los recursos presentados por la bajada de sueldo a los funcionarios.

Así se desprende el informe estadístico difundido hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2011.

En total, se registraron un total de 2.344.555 asuntos nuevos en el conjunto de los órganos judiciales durante ese periodo, en el que los tribunales resolvieron 2.393.919 asuntos, mientras que están en trámite otros 3.087.445.

Por jurisdicciones, el número de asuntos ingresados en el segundo trimestre en la jurisdicción civil alcanzó los 502.795, con un descenso del 6,1 por ciento, motivado principalmente por la reducción de un 11,2 por ciento en el número de monitorios, un tipo de juicio para reclamaciones de cantidades no superiores a 30.000 euros.

En la jurisdicción penal entraron un total de 1.645.364 nuevos asuntos, con una caída del 2,2 por ciento, mientras en la social se registraron 115.517 nuevos asuntos, con un descenso del 2,4 por ciento.

La jurisdicción contencioso-administrativa ha registrado el aumento más llamativo con 80.755 nuevos asuntos, un aumento del 10,8 por ciento motivado por los recursos derivados de la reducción del salario a los trabajadores públicos, que han supuesto también un incremento del 127,6 por ciento en los juzgados centrales.

Andalucía, Madrid, Canarias y Valencia son las comunidades que se sitúan a la cabeza en la tasa litigiosidad, que alcanzó en este segundo trimestre en España los 49,9 asuntos por cada 1.000 habitantes.

En concreto, Andalucía registró 57,9 asuntos por cada mil habitantes en el segundo trimestre, seguida de Madrid (56,5 asuntos por cada mil habitantes), Canarias (53,8) y la Comunidad Valenciana (52,2).

Las autonomías con tasa de litigosidad más baja fueron La Rioja (33,5), País Vasco (35,3) y Navarra (36,6).