Estrasburgo (Francia), 3 jul.- La Comisión Europea (CE) alabó hoy el respaldo del pleno del Parlamento Europeo a la reforma de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF), con el fin de fortalecer su capacidad para luchar contra esos delitos y salvaguardar su independencia.
"La reforma creará una Oficina Europea contra el Fraude más fuerte y una mayor protección del contribuyente europeo", aseguró en un comunicado el comisario europeo de Fiscalidad, Aduanas y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta.
Asimismo, señaló que con ello se sentarán las bases de "importantes cambios" en el funcionamiento de la OLAF, haciéndola "más eficiente y responsable", subrayó.
"Hoy es el primer paso de un proceso ambicioso", recalcó Semeta para reafirmar a renglón seguido su compromiso con la Eurocámara y con el Consejo de la UE para impulsar mejoras "sin demora", precisó.
La OLAF fue creada en 1999 para acelerar la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
En concreto, el principal objetivo de la reforma es reforzar un procedimiento con todas las garantías, que vele por el respeto de los derechos fundamentales de cualquier persona que se encuentre bajo una investigación de la OLAF.
La revisión de la actual regulación también contempla consagrar estos derechos de los ciudadanos en la legislación europea, según informó el Ejecutivo comunitario.
Las nuevas reglas establecen que cada persona afectada por una investigación podrá exigir la asistencia de una persona durante una entrevista y utilizar cualquiera de los idiomas oficiales de la UE, así como tener acceso a la transcripción de la conversación y añadir observaciones.
Además, se mejorará la eficiencia de las investigaciones de la oficina europea, se fortalecerá la cooperación entre la agencia y las autoridades competentes en los Estados miembros y países terceros, y se aumentará la rendición de cuentas de la OLAF.
Las nuevas normas, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de agosto, prevén además un intercambio más efectivo y con mayor prontitud y una obligación de información clara durante varias fases de las investigaciones con las autoridades nacionales competentes.
A partir de ahora, los Estados miembros tendrán que identificar una autoridad que se encargue de coordinar la protección de los intereses financieros de la UE y la lucha contra el fraude y dar la asistencia necesaria a OLAF, a la que tendrán que informar del seguimiento de las recomendaciones que emita el director general.
Por su parte, la oficina tendrá la posibilidad de entrar en acuerdos administrativos con la Oficina Europea de Policía (Europol), la Agencia Europea de Cooperación de Justicia (Eurojust), terceros países y organizaciones internacionales.
Bruselas también recordó que está preparada para actuar en un segundo campo de reformas que prepare el terreno a una futura Oficina Pública Europea de Fiscales (EPPO, por sus siglas en inglés).
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