La CHG pierde 200 funcionarios y muchos fondos tras su gestión autonómica

  • La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha perdido unas doscientas plazas de funcionarios y muchos fondos tras su fallida transferencia a la Junta de Andalucía y posterior reversión al Gobierno central, según ha dicho a Efe el nuevo presidente de este organismo, Manuel Romero Ortiz.

Sevilla, 18 abr.- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha perdido unas doscientas plazas de funcionarios y muchos fondos tras su fallida transferencia a la Junta de Andalucía y posterior reversión al Gobierno central, según ha dicho a Efe el nuevo presidente de este organismo, Manuel Romero Ortiz.

Romero ha explicado en una entrevista con la Agencia Efe que la fallida transferencia autonómica del Guadalquivir, anulada por el Tribunal Constitucional, se ha saldado con notables perjuicios financieros, laborales y administrativos para la CHG.

Por ello, ha abogado por evitar la confrontación política en esta nueva etapa y centrar los esfuerzos "en gestionar lo mejor posible y con la mayor eficacia el agua para prestar un servicio adecuado a los ciudadanos".

"Cuando menos, hemos perdido tiempo y algunos dineros por el camino; hay obras que se transfirieron (a la Junta de Andalucía) prácticamente adjudicadas y que se han devuelto (a la CHG) tal cual, con lo cual se han perdido dos años y fondos que ahora estamos echando de menos", ha deplorado.

La plantilla de la CHG, de unas ochocientas plazas, mantiene unas doscientas sin ocupar porque, tras su transferencia a la Junta de Andalucía, algunos funcionarios adscritos a la Agencia Andaluza del Agua y a la posterior Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía no han regresado a la Confederación.

Estas vacantes son difíciles de cubrir ahora, tras la congelación de plantillas decretada por el Gobierno central para cumplir el objetivo de déficit, ha explicado Romero Ortiz.

La anulación de la transferencia de la CHG a la Junta de Andalucía también ha generado un aluvión de demandas de usuarios que consideran ilegales los acuerdos adoptados durante la gestión autonómica y que ahora piden que se anulen cobros y sanciones que se les impusieron.

Esta avalancha de reclamaciones puede suponer un notable impacto económico para la Confederación, ha advertido su nuevo presidente.

Los informes preliminares indican que la CHG acumula al menos unos diez mil expedientes pendientes de resolución, muchos de ellos recursos presentados tras la anulación de la gestión autonómica por el Tribunal Constitucional.

Incluso el ajuste presupuestario de la reversión de la CHG desde la Junta al Gobierno central parece no cuadrar entre los saldos presentados por la administración andaluza y los que defiende el nuevo equipo directivo de la Confederación.

Aunque Romero ha sido discreto sobre este contencioso, que puede abrir un nuevo frente político y judicial entre el Gobierno y la Junta, ha anunciado: "Tenemos que sentarnos y hablar mucho".

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