Barcelona, 14 dic.- La Comisión de la Dignidad, constituida para impulsar el retorno a Cataluña de los documentos incautados durante la guerra civil, emprenderá acciones legales ante los tribunales y llegará a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas si no se acaban devolviendo todos los archivos.
El portavoz de la comisión, Josep Cruanyes, ha leído hoy una declaración a raíz de que ayer se cancelara la reunión del patronato del Centro de la Memoria Histórica de Salamanca que debía tratar acerca de un nuevo traslado de documentos a Cataluña, el cual por el momento queda parado.
"Profundamente indignada", la comisión destaca que existe una ley de 2005 sobre el retorno de estos documentos, y anuncia que, si no se cumple, denunciarán "el incumplimiento del deber del Estado de restitución de los documentos robados por el franquismo a Cataluña a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra, el Consejo Internacional de Archivos y el Consejo de Europa".
Asimismo, Cruanyes ha advertido de que emprenderán acciones legales ante los tribunales si no llegan estos archivos, "para exigir la transferencia de los documentos que faltan para completar el cumplimiento de la ley".
A su juicio, "nadie puede obstruir esta transferencia, porque se trata de algo reglado", y espera que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cumpla con su promesa hecha en julio pasado en el Archivo Nacional de Cataluña de devolver antes de fin de año todos los documentos requisados que están aún en Salamanca.
Como en los próximos días está previsto que se constituya el nuevo Gobierno de España, la comisión quiere ver cómo se pronuncia sobre esta cuestión y, "en función de cómo vayan las cosas, se plantearán nuevas acciones".
Por otra parte, Cruanyes ha subrayado que los 300 legajos que estaban a punto de ser devueltos "no son todo lo que falta, puesto que todavía queda una cuarta parte de la documentación de particulares, todo el fondo de hemeroteca de diarios y revistas, carteles, banderas, sellos y otros objetos diversos".
Todos los "obstáculos y retrasos son una burla, una ofensa a las víctimas", según la comisión, que también ha pedido que la Generalitat "resuelva las peticiones de retorno de documentos que se le han formulado y que haga público el reconocimiento como víctimas del derecho a recuperar los documentos que les fueron arrebatados a diferentes familias".
Otra iniciativa que llevará a cabo la entidad será dirigirse a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, pidiendo una declaración institucional que reclame al Estado cumplir la ley y completar el proceso de retorno de los documentos que todavía están en Salamanca.
Cuando el proceso acabe, porque, entiende Cruanyes, "esto debe tener un final un día u otro", la comisión "hará un acto de celebración en Salamanca para compartir con la ciudad la satisfacción de haber puesto fin a una injusticia".-
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