La consejera de Hacienda andaluza critica el "tono inquisitivo" de Montoro

Sevilla, 13 jul.- La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha criticado hoy el "tono inquisitivo" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha advertido de que "no es el mejor camino" para lograr la unidad.

En declaraciones a la emisora ABC Punto Radio, Aguayo ha afirmado que el tono pareció más de un órgano "fiscalizador que de cooperación" y ha pedido el máximo respeto a todas las comunidades autónomas, que van con la voluntad de buscar soluciones a los problemas.

Según la consejera, el papel del Estado en ese órgano es fundamentalmente de coordinador y, por tanto, "no es razonable un tono más propio de un tribunal inquisitivo que el de un órgano de cooperación", ha recriminado.

Aguayo ha dicho desconocer si Andalucía está entre las ocho regiones a las que Hacienda les ha exigido un plan de reequilibrio por las dudas de que cumplan el objetivo de déficit para este año (1,5 % del PIB), y ha asegurado que no se nombró a ninguna en la reunión de ayer.

No obstante, ha recordado el plan de reequilibrio de la Junta por importe de 3.500 para reducir el déficit este año y ha reafirmado el compromiso del gobierno andaluz con dicho objetivo, el cual "no se imposible" de alcanzar, ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que en la primera parte del año Andalucía ha adoptado medidas importantes de reducción del gasto y en la segunda mitad de 2012 tendrán impacto las nuevas medidas aprobadas recientemente.

Ha resaltado que Andalucía es una comunidad "austera con un nivel de gasto muy bajo" comparativamente con otras regiones -el gasto corriente por habitantes es un 12 % inferior a la media nacional-, aunque ha admitido que "tiene menos margen para reducir que otras.

Asimismo, ha expresado su desacuerdo de Andalucía con la decisión del gobierno de no flexibilizar el cumplimiento del déficit a las comunidades para los dos próximos años y ha denunciado que la administración central "traslada el problema a las comunidades poniendo objetivos que son imposible de cumplir".