Dos meses después de las elecciones regionales que dieron mayoría absoluta a los independentistas en el parlamento catalán, la formación de un nuevo gobierno sigue bloqueada por las discrepancias entre la coalición de Mas, Junts pel Sí (Juntos por el Sí) con 62 diputados, y la CUP con diez.
Artur Mas, candidato a presidente de esa coalición con partidos de izquierda y derecha, necesitaría al menos ocho abstenciones y dos votos favorables de la CUP para ser presidente, pero ésta lo rechaza por los recortes realizados en los últimos años.
"El proceso hacia el Estado propio no se tiene que hacer vetando", dijo este martes Mas, advirtiendo que si él no es presidente, "mucha gente se bajará del tren" del independentismo.
La formación radical tomará su decisión final el próximo 27 de diciembre en una asamblea con su militancia, que el pasado domingo ya se pronunció en contra de apoyar a Mas. Si el 9 de enero no hay gobierno, la región deberá celebrar nuevas elecciones, las cuartas desde 2010.
"Que se pongan las pilas porque el tiempo se acaba", advirtió en rueda de prensa el diputado de la CUP Sergi Saladié, reclamando a la coalición un presidente de consenso y un amplio plan de medidas sociales.
Este retraso en la formación del gobierno regional que, según los separatistas, debería liderar un proceso que culminaría en una independencia en 2017, puede aliviar la tensión durante la campaña para las elecciones legislativas del 20 de diciembre en España.
En ellas, el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy se juega la reelección en un panorama incierto por la emergencia de dos nuevas formaciones, el centrista Ciudadanos y los antiliberales Podemos, que amenazan la tradicional alternancia de poder entre su Partido Popular y los socialistas (PSOE).
La cuestión catalana se presentaba en el centro del debate, especialmente después de que Junts pel Sí y la CUP aprobaran el 9 de noviembre una moción parlamentaria lanzando un proceso de secesión en esta región con 7,5 millones de habitantes y una quinta parte de la riqueza de España.
La resolución fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional que esta misma semana puede declararla ilegal.
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