Ahmad al Faqi al Mahdi es el primer yihadista encarcelado por el CPI, el primer sospechoso detenido en el marco de la investigación sobre los episodios de violencia de 2012 a 2013 en Malí y el primero acusado de destruir edificios religiosos y monumentos históricos.
Durante la audiencia destinada a confirmar los cargos antes de un eventual juicio, prevista martes y miércoles, la fiscalía defenderá que su investigación contra Al Faqi, de unos 40 años, es bastante sólida para justificar la celebración de un proceso.
Tombuctú, fundada entre los siglos XI y XII por tribus tuaregs e inscrita como patrimonio mundial de la humanidad, fue un gran centro intelectual del islam y una antigua ciudad mercantil próspera. La "ciudad de los 333 santos" conoció su apogeo en el siglo XV.
La destrucción en 2012 de catorce mausoleos de santos musulmanes a manos del grupo yihadista malí Ansar Dine en nombre de la lucha contra la "idolatría" provocó una oleada de indignación internacional.
Según la orden de detención emitida contra Al Faqi, este último es responsable de crímenes de guerra.
Como presunto jefe de la brigada de buenas costumbres, habría dirigido y participado personalmente en los ataques contra nueve mausoleos y una de las mezquitas más importantes de la ciudad, Sidi Yahya, entre el 30 de junio y el 10 de julio de 2012.
"Es un caso muy fuerte", asegura a la AFP Stephen Rapp, ex diplomático estadounidense especializado en crímenes de guerra, para quien "la destrucción de objetos religiosos, culturales o históricos, así como patrimonio, es otra manera de destruir una civilización".
Tombuctú era "un centro de civilización, cuando Europa, en el mismo momento, estaba sumida en una época oscura", según Rapp, que trabaja ahora para el Instituto de La Haya para la Justicia mundial.
Las oenegés temen, sin embargo, que nunca se haga justicia para las numerosas víctimas de los crímenes perpetrados entre 2012 y 2013 en Malí, por lo que instan a la CPI a ampliar los cargos contra Al Faqi para incluir violaciones y matrimonios forzados, especialmente.
"Nosotros pensamos por supuesto que la destrucción de objetos culturales y patrimonio es un crimen de guerra", señala Carrie Comer, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en la CPI.
No obstante, Comer recuerda que "las destrucciones de bienes culturales no es la única cosa de la que se le acusa a este hombre", en referencia a las "alegaciones creíbles" que los tribunales malíes han emitido contra 15 personas, entre ellas Al Faqi.
Según la acusación, Al Faqi era uno de los jefes de Ansar Dine, un grupo islamista radical vinculado a Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI). Y, contra todo pronóstico, Níger, país vecino de Malí, lo entregó a la CPI en septiembre.
La CPI abrió en 2013 una investigación sobre las atrocidades que los grupos yihadistas vinculados a Al Qaida habían cometido en Malí, donde tomaron el norte del país entre marzo y abril de 2012 tras la desbandada del ejército frente a una rebelión mayoritariamente tuareg.
Una intervención militar internacional lanzada en enero de 2013, a iniciativa de Francia, logró expulsar a gran parte de los yihadistas, si bien zonas enteras del país escapan todavía al control de las fuerzas malíes y extranjeras.
La Unesco restauró después los 14 mausoleos destruidos en Tombuctú, situada a unos 1.000 kilómetros al noreste de la capital malí, Bamako.
Según Stephen Rapp, el caso de la CPI contra Al Faqi podría servir de ejemplo, especialmente para las jurisdicciones nacionales, cuando el mundo constata con indignación la destrucción de tesoros culturales a manos del grupo yihadista Estado Islámico en Siria e Irak.
jkb/ndy/mf/tjc.zm
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios