La división en el seno del Tribunal Constitucional (TC) por la sentencia que ha declarado inconstitucional parte del primer estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para tratar de frenar el avance del coronavirus ha vuelto a poner de manifiesto el alto grado de politización de la justicia española. Este ha sido el último episodio de una larga lista de acontecimientos que han puesto en entredicho la independencia judicial o la autonomía del Ministerio Fiscal, en un contexto en el que la política cada vez tiene más influencia en las altas instituciones del Estado. Desde hace más de dos años y medio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está pendiente de que el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PP, pacten de una vez sus nuevos 20 vocales. A esta negociación se suma la renovación de cuatro de los magistrados del tribunal de garantías y de los miembros del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato caducó este viernes.
La fuerte división en el seno del TC se constató en la ajustada mayoría de seis magistrados frente a cinco que dieron su visto bueno a anular algunos apartados de los artículos que establecían las condiciones para poder salir a la calle, restringiendo así el derecho fundamental a la libertad de circulación de las personas. Aunque en esta ocasión los integrantes de los dos bloques -conservador o progresista- del tribunal de garantías se mezclaron a la hora de decantarse por cuál era el instrumento jurídico que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendría que haber utilizado para acordar el confinamiento domiciliario general, finalmente ganó el sector formado por más togados conservadores, que entienden que lo apropiado habría sido aprobar el estado de excepción.
De hecho, las discrepancias de criterios se han dejado ver en los votos particulares a la sentencia, de los cuales el más duro ha sido el del magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido, que afirma que la resolución sobre el confinamiento “no resuelve, sino que crea un grave problema político y sanitario, al desarmar al Estado contra las pandemias”. Además, su escrito creó un cierto malestar en el seno del tribunal, ya que en el borrador llegó a tachar a alguno de sus compañeros de “lego” o “juristas de salón”, expresiones que tuvo que retirar del documento definitivo y por las que tuvo que pedir perdón.
Otra de las causas que puso de relieve la falta de unanimidad del Constitucional en diversas cuestiones ha sido el ‘procés’. Las sentencias que han confirmado las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes del proceso independentista en Cataluña han salido adelante por una amplía mayoría conservadora, provocando que dos de los magistrados del ala progresista hayan insistido en que las penas por el delito de sedición son desproporcionada. Lo mismo ocurrió con el estudio de los recursos presentados contra la sentencia por el asedio al Parlament de Cataluña, asunto en el que el tribunal de garantías se dividió por completo en dos.
Lo cierto es que el sector progresista del Tribunal Constitucional cuenta con menos integrantes que el conservador, y más desde que el pasado mes de octubre el magistrado Fernando Valdés presentara su dimisión. Y es que gran parte de la composición de esta institución dependen de las Cortes Generales: El Congreso elige a cuatro de sus miembros, el Senado a otros cuatro; mientras que dos de ellos son designados por el Gobierno y los dos restantes por el CGPJ.
Dos años y medio de negociaciones frustradas
El órgano de gobierno de los jueces es otra de las instituciones cuyo mandato está caducado desde el 4 diciembre de 2018. El cambio del sistema de elección de sus vocales es una de las cuestiones más reclamadas por las asociaciones de jueces, y así se lo han trasladado en sus respectivas primeras tomas de contacto a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. De hecho, los representantes de la carrera judicial han llegado a pedir en varias ocasiones la dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para forzar a las formaciones políticas a que pongan fin a la situación de interinidad. Bruselas también ha dado ya varios toques de atención para que procedan a la renovación de los miembros del órgano, aunque insiste en que esta labor la deberían llevar a cabo los propios jueces, tal y como ellos reclaman.
La negociación entre el PP y PSOE para reemplazar a Lesmes estaba cerrada en 2018, pero un ‘whatsapp’ intercambiado entre los senadores ‘populares’ lo mandó todo a pique al revelarse que su sustituto sería Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo que, según el mensaje, permitiría “controlar” dicha sección del alto tribunal “desde detrás”. Este acontecimiento no solo motivó la renuncia del magistrado a su candidatura, sino también la crispación en el sector judicial por el hecho de que nuevo del presidente del órgano de gobierno de los jueces iba ya pactado, cuando son los vocales los que deben elegirle, y por la demostración de la grave injerencia política en el Poder Judicial.
Desde entonces, todas las conversaciones para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el CGPJ se han visto frustradas, ya sea por las circunstancias derivadas de un adelanto electoral; por vetos a los candidatos del partido contrario; o por la defensa de posturas encontradas sobre reformas legislativas para modificar la elección de los miembros de la institución. Estas idas y venidas han hecho que Lesmes paralice y reanude hasta en tres ocasiones -en enero y julio de 2020 y en febrero de 2021- los nombramientos de cargos judiciales. Al parecer, tras la reciente remodelación de Sánchez de su Consejo de Ministros, las negociaciones se han reactivado entre el Gobierno y el PP, a través del nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, que se han emplazado a reunirse a la vuelta del verano.
Limitación de competencias del CGPJ
Mientras tanto, para evitar que el órgano de gobierno de los jueces -que ahora mismo cuenta con una mayoría de vocales de perfil conservador, como es el caso del propio Lesmes- pueda seguir haciendo nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de marzo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, para limitar sus competencias mientras esté en funciones. De este modo, entre otras vacantes, se han quedado pendientes de ocupar cuatro plazas en Tribunal Supremo.
Otras de las instituciones que también es objeto de críticas por su politización es la Fiscalía General del Estado. Y es que su máximo representante es nombrado a propuesta del Gobierno, oído previamente el CGPJ, y tras ser examinada su idoneidad para el puesto por el Congreso de los Diputados, un procedimiento que las asociaciones de fiscales han reclamado cambiar para garantizar la “autonomía” de la institución frente al Poder Ejecutivo. En cualquier caso, el fiscal general del Estado no puede recibir ni instrucciones ni órdenes del Gobierno, limitando el interés de éste en la promoción de actuaciones ante los tribunales en orden a la defensa del interés público.
La elección de la actual fiscal general, Dolores Delgado, no ha estado exenta de polémica ni de crítica por ser un caso más de “puertas giratorias” entre la política y la Justicia, pues pasó de ser ministra de Justicia del primer Gobierno de Pedro Sánchez a liderar la cúpula fiscal. Aunque la también exfiscal de la Audiencia Nacional tiene el deber de abstenerse de todas las causas políticas que tenga entre manos el Ministerio Público, debido a su anterior cargo en el Ejecutivo, la oposición del PP y Vox han llevado su nombramiento al Supremo, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo lo revisará el próximo 19 de octubre.
Por último, el Tribunal de Cuentas es otro de los entes cuya composición depende de los pactos políticos, al igual que el Defensor del Pueblo. Precisamente el mandato de este órgano, que no es jurisdiccional sino fiscalizador de las cuentas públicas, ha expirado en un momento cuyo funcionamiento se encuentra en el centro de atención mediática al encontrarse analizando el presunto desvío de fondos públicos para promocionar en el extranjero el proceso independentista y por lo que ha reclamado fianzas de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat. Entre ellos, se encuentran los expresidentes catalanes Artur Mas o Carles Puigdemont -huido de la Justicia- o el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, recientemente indultado. El Gobierno tendrá que encarar las dificultades relativas a esta negociación de forma paralela a la mesa de diálogo con Cataluña, a la que se opone frontalmente la oposición.
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