La femp no cree que el que la mayoría de los concejales no cobre comporte más corrupción

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, desvinculó este martes por completo el hecho de que la mayoría de concejales españoles deje de percibir emolumentos por ejercer como tales con un eventual aumento de casos de corrupción.
En rueda de prensa para valorar el anteproyecto de la reforma de la Administración local, De la Serna apeló a la “vocación de servicio” que, en su opinión, debe motivar a quien se dedican a la política y la gestión pública. A su juicio, este supuesto efecto colateral, de un creciente desinterés por ejercer el oficio de político en el ámbito local, “nada tiene que ver con la reforma de la ley”.
Aplaudió que se fije en la ley un marco homogéneo que equipare el salario de los alcaldes de grandes poblaciones con el de los secretarios de Estado, y observó “coherente” la propuesta que limita la “exclusividad” de los concejales, es decir, los que tendrán derecho a cobrar y vivir de ello.
En su conjunto, De la Serna subrayó que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes supone la reforma “más profunda” de la administración local, que, precisamente, es la que “mejor ha cumplido los objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria”.
Negó que la ley prevea la desaparición de municipios o que obligue a la fusión de algunos de ellos. Por el contrario, en lo positivo, destacó de la ley que pondrá fin a las duplicidades de servicios entre administraciones pero, sobre todo, de las llamadas “competencias impropias”.
“Es lo que más ahorro supone”, destacó De la Serna, quien puso de ejemplo que servicios sanitarios, de prestaciones sociales o educativos que asume “impropiamente” ahora el ayuntamiento pasará a manos de la comunidad autónoma, que es la administración competente: “Desaparece el problema histórico de las competencias impropias”, sentenció.
Competencias como los consultorios rurales, la asistencia a domicilio o las escuelas infantiles, que deberá asumir el Gobierno regional en un plazo de entre uno y cinco años. “En servicios sociales”, apuntó De la Serna, “hemos vivido en una permanente confusión, y un coste que no debiéramos asumir”.
Este miércoles se reúne la Junta de Gobierno de la FEMP para evaluar la propuesta de Cristóbal Montoro, y queda por ver qué decisiones se adoptan en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local y del Consejo de Estado, que aún debe emitir un informe al respecto, de modo que “queda tiempo para debatir y para hacer llegar nuestras propuestas”, lo que hará desde las “más absoluta lealtad” al Gobierno.