La Fiscalía cree que el exalcalde de Alicante Alperi (PP) defraudó 680.000 ?

Alicante, 15 mar.- La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana cree que el exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010.

Así se desprende del contenido de la denuncia, facilitada hoy a EFE, que el ministerio público presentó ayer ante la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) contra el exalcalde y tres personas más por tres supuestos delitos fiscales.

La sala ha registrado y asumido la competencia debido al aforamiento de Díaz Alperi por ser diputado en Les Corts Valencianes y, por turno, la instrucción le ha correspondido al magistrado Antonio Ferrer, según el TSJCV.

La denuncia de la fiscalía, de 22 folios, detalla que la mayor parte de la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública (405.351,67 euros) se refiere a 2007 cuando, según la denuncia, el popular tuvo unos ingresos reales de 1.004.878,31 euros pese a que únicamente declaró unas retribuciones por 113.250,89 por sus cargos públicos.

De 2008, se considera que defraudó por 144.862,60 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de "Akra Uno", para lo cual habría usado la sociedad instrumental "Andarx Business SL".

Del tercer y último ejercicio analizado, 2010, la fiscalía considera que la cantidad que Díaz Alperi debió pagar a la Agencia Tributaria asciende a 132.468,24 euros, también relación al catamarán aunque por cambios en la propiedad del mismo junto a otro de los denunciados, Antonio Solana.

Además de Díaz Alperi y Solana, la denuncia se dirige contra José Contreras y Antonio Moreno, para quienes la fiscalía pide que declaren en calidad de imputados junto a otros testigos, entre ellas varias empresas que prestaron servicio al exalcalde, como el bufete de "Salvetti Abogados".

Se da la circunstancia de que los dos responsables del citado bufete jurídico figuran imputados en la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde el exalcalde está imputado por los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, los mismos que su sucesora en el cargo y actual alcaldesa, la también popular Sonia Castedo.