La Fiscalía no impugnará el archivo del caso Método 3 porque no cabe recurso

Barcelona, 10 dic.- La Fiscalía de Barcelona no apelará ante el Tribunal Supremo (TS) por el archivo de la causa por presunto espionaje a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, al concluir que no cabe recurso de casación contra la resolución de la Audiencia de Barcelona.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la Fiscalía ha desistido de impugnar la decisión de Audiencia de Barcelona tras examinar la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que en casos de delitos análogos al de la causa de Método 3 no es posible presentar recurso de casación.

El propio Tribunal Supremo estableció en una resolución del año 2009 que en los delitos que acarrean penas inferiores a cinco años de cárcel -como es el caso de la revelación de secretos que se investigaba en la causa de Método 3-, la última instancia ante la que recurrir es la Audiencia provincial correspondiente.

El motivo esgrimido por el Supremo es que, en el caso de que ese tipo de delitos de pena inferior a cinco años llegara a juicio, lo haría en un juzgado penal, de forma que la sentencia sólo sería recurrible ante la Audiencia de Barcelona.

La decisión de la Fiscalía de Barcelona de no recurrir el auto de la Audiencia, que de esa forma se convierte en firme, da carpetazo definitivo a la investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por el PPC por la presunta grabación ilegal del almuerzo que en 2010 mantuvieron su líder, Alicia Sánchez-Camacho, y María Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrussola, en el restaurante La Camarga de Barcelona.

El archivo de la causa impide averiguar quién encargó la grabación de ese almuerzo, en una investigación que estaba pendiente de un último informe de la Policía Nacional sobre el análisis del ordenador incautado a la gerente del PSC, Luisa Bruger, hasta ahora imputada por revelación de secretos junto a cuatro detectives y exempleados de Método 3.

De hecho, uno de los informes policiales que figuran en la causa mantiene que el PSC pagó a Método 3 un total de 1.750 euros por la grabación de la conversación y apunta que el diputado José Zaragoza, entonces secretario de Organización del PSC, y la gerente del PSC se reunieron con una de las detectives imputadas para acordar la facturación de esa suma.

Precisamente, la Fiscalía se oponía al sobreseimiento del caso con el argumento de que el "perdón del ofendido" que Sánchez-Camacho y María Victoria Álvarez concedieron a los detectives -a cambio de una indemnización económica- no alcanzaba a la persona que había encargado la grabación, así como por el interés general que la causa tenía por la condición de senadora y diputada de la líder del PPC.