La Generalitat gastó 92.000 ? en contratar una empresa para controlar la RMI

Barcelona, 18 abr.- La diputada de ICV Laura Massana pedirá la comparecencia del conseller de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, para conocer más detalles sobre la contratación de la empresa Randstat, que ha facturado a la Generalitat más de 92.000 euros, para controlar la Renta Mínima de Inserción (RMI).

En una respuesta parlamentaria publicada ayer, Mena responde a una pregunta de la diputada ecosocialista sobre "el coste de contratación de Randstat para el control de la Renta Mínima de Inserción".

El conseller contesta que para la "realización del proyecto consistente en la evaluación y valoración de preceptores de la RMI con objeto de incrementar su impleabilidad, 59.999 euros en concepto de presupuesto de licitación y 10.799,82 en concepto de IVA".

Además, la empresa también ha facturado otros 17.999 en concepto de presupuesto de licitación y 3.239,82 en concepto de IVA por el "diseño de una metodología para optimizar una muestra de preceptores de la RMI para su ocupabilidad", según la respuesta del conseller.

La diputada de ICV ha manifestado a Efe que no entiende como se han contratado a una empresa de trabajo temporal "y no se han contado con los servicios de los profesionales cualificados que ya trabajan en los servicios sociales de la Generalitat".

Además, ha criticado que con el dinero que ha costado Randstat "se podría haber pagado la RMI a 200 familias".

La diputada ha informado que pedirá la comparecencia del conseller en la comisión parlamentaria "para que explique y detalle esta contratación y explique por y para que era necesaria".

El Departamento de Empresa y Empleo decidió revisar el pasado mes de agosto los pagos de la RMI para detectar posible fraudes y contrató a la empresa de trabajo temporal Randstat para entrevistar a miles de beneficiarios de esta renta de pobreza.

Tras la revisión y la modificación del pago en aquel mes, en que la Generalitat decidió pagar por talón bancario en vez de transferencia bancaria, el gobierno catalán eliminó más de 4.000 beneficiarios porque no cumplían los requisitos.

La forma de llevar a cabo esta revisión provocó numerosas quejas de los beneficiarios y también suscitó una encendida polémica.