Domingo, 20.10.2019 - 08:25 h
Tras la declaración de independencia

El Govern quiso financiar las pensiones con cotizaciones a 100 grandes empresas

Sólo gracias a las aportaciones de las compañías, la Generalitat de Cataluña aspiraba a lograr ingresos por valor de 2.000 millones de euros.

Carles Puigdemont
El Govern quiso financiar las pensiones con cotizaciones a 100 grandes empresas. / EFE

La Generalitat de Cataluña que presidió Carles Puigdemont ideó una especie de plan de choque, que llamaron "cortafuegos" para recaudar los primeros fondos que sirvieran para pagar las pensiones de la República. Para ello preveían contar con las cotizaciones de las 100 grandes empresas catalanas y con los 233 organismos de la administración pública de la comunidad autónoma.

Así consta en uno de los últimos informes, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha entregado la Guardia Civil en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la creación de estructuras de Estado y la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En este documento, los investigadores analizan la actividad que desarrollaron, entre otros, David Palanques Bonavía, trabajador del programa de transformación digital de la Protección Social, del Área TIC del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia del CTTI y David Franco, para crear la Agencia Catalana de Protección Social, lo que sería la Seguridad Social catalana.

Según los documentos incautados a David Palanques, la Generalitat estaba preparando un Plan de Contingencia para pagar los gastos de protección social, es decir, las pensiones, en caso de que se produjera una ruptura no negociada con España.

Para ello, contemplaban lo que denominaron "sistema de cortafuegos", del sistema público catalán que estaría compuesto por 233 entidades públicas, de las que preveían obtener 2.200 millones de euros anuales en cotizaciones y las 100 "empresas top" o grandes empresas catalanas, de las que habían previsto ingresar otros 2.000 millones. "Precarga o carga automática al sistema por afiliación", decía el epígrafe de los documentos incautados, referido a las grandes corporaciones catalanas.

Es decir, que preveían recaudar 4.200 millones para hacer frente a los primeros pagos. Una cantidad que se queda muy corta con relación a lo que cuestan las pensiones en Cataluña. Solo en 2016 se pagaron 23.159 millones de euros en pensiones, que se pudieron abonar gracias a la caja única de la Seguridad Social, ya que la recaudación por cotizaciones de esta comunidad autónoma aquel año fue de 18.195 euros, con un déficit de casi 5.000 millones.

Según los documentos incautados a Palanques (quien según la Guardia Civil obedecía órdenes de Josep Ginesta, secretario General del Departamento de Asuntos Sociales y Familias), la Generalitat estaba trabajando con un plan que concluiría en enero de 2019 siendo los proveedores del sistema tecnológico IBM e Itteria, responsables de su desarrollo para gestionar la afiliación, la cotización y el pago de las prestaciones sociales.

También le fueron intervenidos documentos relativos a la creación de la Agencia Catalana de Protección Social a David Franco, gestor del CTTI y uno de los responsables, según los investigadores, de desarrollar el sistema de captación de voluntarios para el referéndum del 1-O, junto con David Palanques y otros.

David Franco tenía anotaciones manuscritas con diagramas que muestran el sistema de cotización, recaudación, afiliación y pago de prestaciones de lo que debía ser la futura Seguridad Social catalana. En uno de esos esquemas se menciona una oficina técnica en la que participan HP, Itteria e IBM, así como otros proveedores como Deloitte, Costaisa y Accenture, reportando contingencias al Cesicat a nivel estratégico, en referencia a su director Josué Sallent.

De hecho, David Franco dejó anotado que Deloitte facturaría por sus servicios alrededor de 163.000 euros y según Guardia Civil "parece que fue contratada para la implementación de la Agencia Catalana de la Seguridad Social", de la que Franco era uno de los responsables técnicos.

También contaba con anotaciones sobre un Centro de Procesamiento de Datos, con un presupuesto de 1,47 millones de euros para 2017 y de 2,35 millones de euros para 2018. Este Centro de Procesamiento de Datos tendría capacidad para gestionar datos de 300.000 afiliados al año; 3,2 millones de contribuyentes; 690.000 empresas (autónomos incluidos); 1 millón de jubilados y 5.000 jubilados al mes, además de los trabajadores públicos y 400 usuarios.

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