Sevilla, 22 feb.- Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ve un "papel esencial" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien insistió en "sacar adelante" las ayudas y, según un imputado, "mandó callar" las críticas.
La Guardia Civil, en un informe al que ha tenido acceso Efe, analiza la declaración de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo ya imputado, y afirma que Viera fue quien "promovió las ayudas" a tres empresas de la Sierra Norte de Sevilla investigadas y quien insistía en que "tienen que salir adelante".
La juez Mercedes Alaya, en otro auto notificado hoy, lamenta que la Junta de Andalucía aún no haya entregado la documentación que le pidió el 27 de enero, y añade que la "falta de presentación está entorpeciendo considerablemente la investigación de la causa".
Alaya reprocha a la Consejería de Innovación haber aportado unos documentos con los que "pretende dar respuesta a determinados extremos del auto de 28 de octubre de 2011" pero que en realidad desvelan "anexos nuevos, operaciones no incluidas y variaciones en los importes cuya comprensión resulta totalmente imposible".
Ello "obstaculiza sobremanera el estudio de la documentación y, por ende, la investigación de las presentes diligencias", por lo que pide a la Junta que en el plazo de 15 días "aporte un único desplegable con todas las ayudas concedidas y pagadas".
La juez ha anunciado la imputación de Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, quien "tendría conocimiento a la vez que el consejero Antonio Fernández -ya imputado- de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas".
Además, Barberá estaría informado de la "ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía", añade el auto al que ha tenido acceso Efe.
La juez ha citado para el 20 de marzo a Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo que declaró que con buena parte de las ayudas recibidas por sus empresas compró cocaína para su jefe, y el 9 de mayo a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla e "intruso" en el ERE de Calderinox.
Respecto a Viera, que ahora es diputado en el Congreso por el PSOE, Guerrero manifestó ayer martes a la Guardia Civil que era quien "dirigía realmente la política de concesión de ayudas" y que mantenía una relación de "simpatía" con los dirigentes de las empresas de la Sierra Norte de Sevilla investigadas.
Por esa razón tenía un "un especial interés" en otorgarles ayudas y de ahí el "desequilibrio" en su concesión, pues de los 60 millones de euros en ayudas directas entre 2001 y 2008, la mitad fueron para esa región.
Guerrero relató a los agentes lo ocurrido en una reunión que mantuvo en la cafetería del Parlamento Andaluz, cuando él mismo y Antonio Rivas -exdelegado de la Consejería de Empleo ya imputado- "pusieron reticencias a las ayudas que se concedían" a las empresas de José María Sayago y José Enrique Rosendo, dos concejales socialistas de El Pedroso (Sevilla), y Viera "mandó callar a Rivas y le dijo que eso era así".
Respecto a las ayudas a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, Guerrero las explicó porque existían unas "directrices verbales" para apoyar al sector del corcho.
Afirmó que nunca hubo directrices por escrito respecto a las ayudas, pero sí recuerda que en 2003 la Consejería de la Presidencia le ordenó por escrito "que arreglara el conflicto de Bilore ya que el presidente de la Junta iba a visitar la localidad de Lucena (Córdoba)".
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