La inseguridad en las calles, la piedra en el zapato del Gobierno de Mujica

Raúl Cortés

Montevideo, 15 may.- A pesar de guiar uno de los países más tranquilos de América Latina, la creciente percepción de inseguridad en las calles de Uruguay se está convirtiendo en la piedra en el zapato del Gobierno de José Mujica, por sus aparentes titubeos al encararla, el asedio de la oposición y la indignación popular.

Tras diez años de su última gran crisis económica, no existen dudas sobre la notable mejoría de la vida en Uruguay, propiciada por un crecimiento continuado, una tasa mínima de desempleo, un fuerte consumo y las políticas sociales del oficialismo de izquierdas.

Sin embargo, como sucede en otros puntos de la región, la luz de estos logros está perdiendo brillo por la delincuencia, que se ha convertido en la principal inquietud en las encuestas y motivo de simbólicas manifestaciones ciudadanas como la vivida el lunes frente a la Torre Ejecutiva, la sede presidencial.

Según datos oficiales, los delitos contra la propiedad en 2011 sumaron 138.589, frente a los 136.063 de 2010 y los 132.830 de 2009.

Además, aunque el año pasado hubo menos homicidios (286) que en los dos años precedentes (310 en 2010 y 346 en 2009), la virulencia de los crímenes mantiene con el corazón en vilo a muchos ciudadanos.

"Hay una creciente preocupación de la ciudadanía y hay una percepción de que el Gobierno no está logrando resolver el problema", afirmó hoy a Efe el politólogo Daniel Buquet.

Buquet considera que la oposición está aprovechando esas dudas para hacer de la cuestión su bandera con miras a romper la hegemonía del Frente Amplio (FA), el bloque que gobierna el país desde 2005, cuando Tabaré Vázquez se convirtió en el primer presidente de izquierdas de Uruguay.

En las próximas elecciones, en 2014, los opositores esperan que se celebre un referéndum para bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años, para lo cual ya han presentado 350.000 firmas.

La impunidad de los asaltos cometidos por menores, en muchos casos drogados, es en los últimos tiempos motivo central de angustia de la población y de las autoridades.

Según Buquet, el Ejecutivo encuentra su principal enemigo en su propia génesis política: "los partidos de izquierda frente a la delincuencia no son partidarios de las políticas represivas ni de mano dura".

Aunque ha lanzado agresivas operaciones en barrios conflictivos de Montevideo, el mensaje mayoritario en el FA es que hay que atacar los problemas de fondo, como la falta de valores o la drogadicción.

Este último asunto motivó el lunes un roce entre la senadora oficialista Lucía Topolansky, esposa de Mujica, y el expresidente Jorge Batlle (2000-2005), del Partido Colorado, al señalar ella que la entrada de droga al país se generalizó durante el Gobierno del segundo.

Batlle calificó de delirante la afirmación y opinó que Topolansky "está desesperada y angustiada por la frustración absoluta del Gobierno del Frente Amplio".

"El país cada día tiene más ingresos y la inseguridad cada día está peor", denunció.

Pocas horas después, Mujica veía como el movimiento "Indignados por la violencia" reunía frente a su despacho a centenares de personas enardecidas por el asesinato a sangre fría el pasado sábado de un empleado de una cadena de comidas en Montevideo, padre de cinco hijos.

Los manifestantes clamaron por mayores medidas contra la criminalidad y exigieron responsabilidades al Gobierno.

Incluso se escucharon voces de "traidor" contra el gobernante y pedidos de dimisión de su ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Otro elemento llamativo fue la participación en el acto del diputado del FA Julio Bango.

Aunque tal vez no tanto, si se tiene en cuenta que los sindicatos, fieles al Gobierno, colocaron la seguridad ciudadana entre sus reivindicaciones del último Día del Trabajador.

El jefe de la policía de Montevideo, Diego Fernández, ha anunciado que antes de fin de año habrá 800 policías más en las calles.

Desde principios de año han muerto nueve uniformados, un número inusitado para los estándares uruguayos.

En las últimas horas fue hallada, además, una mujer maniatada y decapitada, en un caso que podría deberse a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

El opositor Partido Nacional prepara contra esos grupos criminales un proyecto de ley para sacar al Ejército a las calles a combatirlos.