La juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de encausados, y las ha citado a declarar los próximos días 1 y 2 de diciembre.
En un auto fechado el día 30 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e imputa en la causa al presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y al director general de Recursos Humanos de Cespa, Salvador Tudela Edo, a quienes cita a declarar el próximo día 1 de diciembre.
Asimismo, y en relación a Dhul, imputa a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en el año 2007; Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada, mientras que por el expediente de Hitemasa imputa a Rosario González Agulló.
La juez entiende que tanto Agustín García Gila como Salvador Tudela Edo "serían participes en las negociaciones que, como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la limpieza en Granada", culminaron con el convenio colectivo para esta provincia de 6 de abril de 2006.
Según la magistrada, todo lo anterior llevó a que el 19 de diciembre de 2006 el entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello, remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC Medio Ambiente con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas".
En este sentido, la instructora relata que, el 29 de diciembre de 2006, Personal Life emitió una serie de pólizas de capital diferido y rentas de supervivencia en las que la tomadora era la Dirección General de Trabajo y en las que figuraban tres certificados individuales, en los cuales se designaba como beneficiarias a Cespa y FCC.
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La juez dice que, "como cobros derivados de las citadas pólizas, las referidas empresas recibirían de Fortia tras la absorción de Personal Life la cantidad de 276.222,24 euros cada una de ellas en los ejercicios 2006-2007, siendo conocedores" los imputados "como directivos" de FCC y de Cespa "de que todo ello se había llevado a cabo sin procedimiento alguno, sin que FCC solicitara ninguna ayuda o subvención, como tampoco lo había hecho Cespa".
A ello se suma que "ninguna de las empresas carecía de capacidad económica suficiente para asumir dichas subidas lineales, pese a lo cual ambas empresas resultaron ser beneficiarias de las citadas pólizas", punto en el que el juez añade que la Junta "asumió obligaciones que en cualquier caso serían de las empresas, conociendo éstos que tal actuación constituía una mera liberalidad, financiada con fondos públicos".
"La carencia de procedimiento llegaría incluso a que parte de la prima de estas pólizas fuera abonada mediante el sistema de pagos cruzados", asevera la juez en su auto, en el que añade que ambos imputados, además, "conocerían indiciariamente" la inclusión en la póliza de seis 'intrusos' "vinculados" a Guerrero, "y que supuso un coste total de 1.462.459,61 euros".
La juez, también a petición de la Fiscalía, solicita a la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) que aporte certificación acreditativa de los miembros de su Junta Directiva desde 2005 hasta 2010, así como Libro de Actas de dicha asociación.
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En el auto, y en relación a Dhul, la juez también aprecia "indicios de la participación de nuevas personas" pertenecientes a Caja Rural de Granada "en la instrumentación ideada con el fin de conseguir que la referida entidad bancaria consiguiera que se amortizara el préstamo que la misma había concedido a Dhul a través de la Junta de Andalucía".
"Del conocimiento de la utilización de esta instrumentación del pago de crédito obra numerosa documentación en la pieza remitida por la Junta de Andalucía", por lo que la juez imputa a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en 2007; Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y a José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada.
La juez cita a este último a declarar el próximo día 2 de diciembre, mientras que respecto a los dos primeros, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe sus datos de filiación completos para proceder a su citación.
Asimismo, Alaya requiere a Caja Rural de Granada para que remita en el plazo de cinco días los expedientes completos de seis préstamos concedidos a Dhul, "entendiendo que deben de comprender todo tipo de informe o análisis elaborados así como los acuerdos de aprobación de los órganos de la Caja".
Asimismo, y en relación a la empresa Hitemasa, imputa a Rosario González Agulló, trabajadora de Vitalia a quien el también imputado Jesús Bordallo "remite un correo electrónico" el 6 de octubre de 2008 donde "le pone de manifiesto que en el certificado del asegurado Miguel Recio Duarte hay unas rentas 'vendidas' y que no se han abonado, por lo que según las indicaciones del consejo de administración de Hitemasa habría que proceder a abonar estas rentas a los cinco miembros que componían el consejo de administración, designándolos nominalmente y liquidar dichas rentas en dos plazos a partes iguales, por importe de 1.800 euros a cada miembro del Consejo, siendo la prima abonada con cargo a los fondos de la Junta de 18.000 euros".Empresarios, políticos, sindicalistas, cargos...
Durante los tres años de instrucción del caso EREs, la juez Alaya ha imputado a destacados políticos, empresarios, cargos de la Junta, funcionarios y sindicalistas. Entre los encausados más destacados están los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero también hasta ocho ex consejeros de las áreas de Economía y empleo, hasta una decena de exviceconsejeros y cerca de veinte altos cargos, entre directores generales y responsables de área.
De los ocho ex consejeros imputados, cinco son aforados -Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Avila- y otros dos no -Antonio Fernández y Martín Soler-, además de la única exministra y exconsejera acusada: Magdalena Álvarez, que en verano dimitió como vicepresidenta del Banco Europea de Inversiones (BEI).
También están encausados el presidente de Unicaja Braulio Medel y el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón.
También hay al menos siete ediles. Están encausados los exalcaldes socialistas Rafael Rosendo -de El Pedroso, Sevilla-, Antonio Rivas -de Camas, Sevilla- y Ángel Rodríguez de la Borbolla -de Cazalla de la Sierra, Sevilla-, los ex exconcejales José María Sayago y Rafael Rosendo -de El Pedroso, Sevilla-, el popular Ramón Polo -de La Carolina, Jaén- y el socialista José Antonio García Prieto -de Camas, Sevilla-.
Además hay conocidos empresarios como José González Mata, dueño de Uniter, José María Ruiz-Mateos y seis de sus hijos y a directivos de Altadis o el Grupo Barbadillo.
También hay una veintena de sindicalistas, entre ellos José Luis Montesinos, portavoz de la delegación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO, y el exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.
Además están encausados Gonzalo Fuentes, secretario general andaluz de la Federación de Comercio de CCOO; Enrique Manuel Jiménez, secretario andaluz de la Federación de Industria de CCOO; Juan Antonio Caravaca, responsable de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla; Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz; y Manuel Morales,ex secretario general en Jaén de MCA-UGT. Además, se incluye al imputado Juan Lanzas, ex secretario general de la Federación de Alimentación de UGT, que ingresó en prisión en marzo de 2013, y su cuñado, Ismael Sierra, que también entró en prisión.Más imputados en todos los ámbitos
En la larga lista se incluye a Francisco Javier Guerrero, director general de Empelo entre 1999 y 2008. Es el pincipla implicado del caso y el encargado de firmar la mayoría de las ayudas. Estuvo tres meses y medio en prisión en 2012 y nuevamente fue encarcelado en marzo de 2013. Su chófer, Juan Francisco Trujillo también ha pasado por la cárcel por su implicación en la trama. Aseguró haberse gastado junto a Guerrero 25.000 euros semanales en cocaína, prostitutas y fiestas.
Entre los cargos de la Junta están Ramón Díaz Alcaraz -ex asesor de la Consejería de Empleo-, Agustín Barberá -viceconsejero con Antonio Fernández-, Juan Márquez -sustituto de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Empleo-, Daniel Rivera -director general de Empleo-, Manuel Gómez Martínez -interventor general de la Junta-, Antonio Lozano -director general de Presupuestos de la Junta-, José Salgueiro -viceconsejero de Hacienda-, Buenaventura Aguilera -director general de Presupuestos-, Juan Francisco Sánchez -secretario general técnico de la Consejería de Empleo-, Javier Aguado -secretario general técnico de la Consejería de Empleo-, Lourdes Medina -secretaria general técnica de la Consejería de Empleo-, Justo Mañas -viceconsejero de Empleo-, Jesús María Rodríguez -viceconsejero de Innovación- y los directores generales de IFA / IDEA: Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara, Francisco Mencía, Pablo Millán, Juan Velaquiroga.
Además, hay varios directivos de la consultora Vitalia, una de las empresas utilizadas en el fraude, entre ellosAntonio Albarracín -que ingresó en prisión en marzo de 2013; Eduardo Pascual, María Vaqué y Jesús Bordallo.
Además, está encausado el abogado Carlos Leal Bonmati -director del bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís y Eduardo Leal del Real, administrador de dos empresas supuestamente utilizadas por la trama.Contra las cuerdas
La causa de los EREs ha puesto contra las cuerdas a los máximos responsables socialistas de la Junta de Andalucía durante los últimos años. La Fiscalía del Tribunal Supremo deberá pronunciarse próximamente si hay bastantes indicios para abrir una investigación en el alto tribunal contra los responsables del Gobierno andaluz, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además 8 ex consejeros.
Después, el Tribunal Supremo resolverá si tramita el suplicatorio para imputar a Chaves y Griñán en el caso de los ERE fraudulentos. Los jueces tienen también que decidir si imputan a los cinco exconsejeros de la Junta aforados.
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