La juez del caso de los ERE pide otra baja, que ya alcanza los seis meses

  • La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha pedido otra baja por enfermedad de 15 días, por lo que superará el plazo de seis meses de ausencia a partir del cual los partes son gestionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sevilla, 27 feb.- La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha pedido otra baja por enfermedad de 15 días, por lo que superará el plazo de seis meses de ausencia a partir del cual los partes son gestionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La juez sufre fuertes cefaleas por las que los médicos no han encontrado aún el tratamiento adecuado, por lo que sus sucesivas bajas, desde el 12 de septiembre de 2012, han llevado a nombrar dos jueces de refuerzo para las tres voluminosas causas que instruye su juzgado: el de los ERE falsos, el caso Mercasevilla y el referente a la gestión del Real Betis.

A partir del sexto mes de baja, el CGPJ empieza a gestionar los partes y unos meses después, según los casos, inicia un expediente de jubilación por incapacidad, han precisado las fuentes.

Los dos jueces de refuerzo se han repartido los asuntos y el magistrado Rogelio Reyes ha citado el 5 de junio a los peritos judiciales que han estudiado las cuentas de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis, tras lo cual habrá una previsible reactivación del caso y una nueva citación de imputados.

Estos expertos han cifrado en 12,4 millones de euros el perjuicio que el exmáximo accionista del Betis causó al club en las temporadas 1993-98 y en 17 millones de euros entre las temporadas 1999-2008.

La baja por enfermedad de Alaya comenzó el 12 de septiembre de 2012, a la vuelta de sus vacaciones de verano, por lo que los sumarios de mayor envergadura llevan paralizados desde julio y en ellos solo se han dictado resoluciones de trámite.

La única excepción se produjo el 15 de enero, cuando la juez Ana Rosa Curra envió a prisión a Juan Francisco Algarín, administrador de una empresa presuntamente utilizada como pantalla para introducir en el sistema financiero las comisiones ilegales que se cobraban en los ERE.

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