Martes, 21.11.2017 - 11:31 h
Por sedición

La juez encarcela a Cuixart y Sànchez, los agitadores del 'procés' en las calles

Lamela cree que los líderes de ANC y Òmnium llamaron al asedio a la Guardia Civil y a ocupar colegios el 1-O. Afirma que podrían cometer más delitos

Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC) tras su salida de la Audiencia Nacional.
Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC) tras su salida de la Audiencia Nacional el pasado 6 de septiembre. / EFE

Los dos primeros encarcelados por el proceso independentista en Cataluña han sido sus presuntos agitadores en las calles. La juez Carmen Lamela ha decretado la prisión incondicional contra Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, máximo responsable de Òmnium Cultural. La juez considera que fueron los organizadores de las concentraciones frente a la Consejería catalana de Economía que se produjeron los pasados 20 y 21 de septiembre en las que 40.000 personas asediaron a los guardias civiles que registraban ese edificio sin dejarles salir hasta altas horas de la madrugada del día siguiente. Los líderes soberanistas ingresarán esta misma noche en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Lamela justifica su decisión  por la gravedad del delito de sedición imputado a ambos, penado con hasta 10 años de prisión, que intensifica el riesgo de que los dos líderes soberanistas puedan huir. Pero, además, considera que existe "riesgo de reiteración delictiva", otro de los requisitos de la prisión provisional, porque operan en colaboración con personas o grupos dirigidos "a lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña en un proceso que todavía se encuentra en marcha", mantiene la instructora, que recuerda que se han producido "actos del mismo signo" protagonizados por ambos después de los incidentes de los pasados 20 y 21 de septiembre. 

Entre estos actos posteriores al asedio a los guardias civiles, la juez hace referencia a un incidente entre Cuixart y otros agentes el 25 de septiembre en Badalona. La Guardia Urbana se incautó de unos carteles de apoyo al referéndum que estaban en el interior de un vehículo pero, poco después, una veintena de personas entre las que estaba Cuixart, acudieron al lugar "en actitud cada vez más hostil" exigiendo a los policías que les devolvieran el material intervenido, a lo que estos se negaron. Al final, Cuixart y sus acompañantes sustrajeron del coche de los carteles y los congregados impidieron que los policías locales los recuperaran.

Según la juez, el propósito de las convocatorias del pasado 20 de septiembre ante la consejería de Economía no era una manifestación pacífica, sino la protección de sus gobernantes e instituciones (los catalanes) mediante movilizaciones ciudadanas masivas frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales. "En algunas de ellas se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran 'para aturar la Guardia Civil' (para parar a la Guardia Civil), como expresa, por ejemplo, el mensaje de whatsapp de Òmnium de fecha 20/9/2017 enviado sobre las 8.50 horas".

Un grupo de Whatsapp

La juez cuenta en su auto cómo el pasado 28 de agosto, a través de la web cridademocracia.cat Sànchez y Cuixart daban la opción de unirse a un grupo de Whatsapp desde donde se invitaba a la movilización y a estar conectados permanentemente para recibir alertas y estar organizados en caso de necesidad. Las llamadas enviadas desde esa vía animaban a la participación en el referéndum, la ocupación de calles, la pega de carteles, etcétera. Fue a través de ese grupo de mensajería desde el que se invitó a la gente a "parar a la Guardia Civil" durante los registros del 20 de septiembre.

Lamela relata cómo algunos de los congregados frente a la consejería de Educación pincharon ruedas y destrozaron coches patrulla de la Guardia Civil. Otros impidieron a los agentes y a los integrantes de la comisión judicial que registraba el edificio que abandonaran el inmueble. "Otros manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad. Otros procedieron a empujar a los agentes y a bloquear la salida de un vehículo de la Guardia Civil", escribe la juez. 

Según el relato de la magistrada, miembros de la ANC llegaron a montar un puesto para voluntarios en la Rambla donde podían recoger chalecos de diferentes colores y donde se organizaban los turnos de relevo. Esos voluntarios hicieron un cordón ante la puerta de la consejería para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos mientras gritaban a los Mossos "no us mereixeu la senyera que porteu" (no os merecéis la bandera que lleváis, intimidando a la Guardia Civil al grito de "no sortireu" (no saldréis).

Interlocutores de la concentración

Durante los incidentes, Cuixart y Sànchez "se erigieron en interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, intentando negociar durante al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos", dice la juez, que les acusa de "no aceptar aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos". Ese control nunca lo utilizaron, según la magistrada, "para diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez", es decir, efectuar el registro.

La instructora se refiere a algunas de las alocuciones que Sànchez y Cuixart hicieron a la masa. El primero profirió expresiones como "el 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos" o "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Cuixart también pidió que la manifestación no se disolviera y subido junto a Sànchez en un coche de la Guardia Civil, ambos llamaron a la "movilización permanente" desde ese día a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo.

"La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos de los días 20 y 21 de septiembre antes descritos estaba orientada a impedir que funcionarios de la administración de justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial", continúa la juez. "La finalidad última de estas movilizaciones era conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana independiente de España siendo conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales", añade.

Daños por más de 135.000 euros

Como consecuencia del asedio, la secretaria del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el que había ordenado los registros, tuvo que escapar a las 23.45 a través de la azotea hasta llegar a un teatro adyacente, desde donde huyó confundida entre los asistentes a la función de esa noche. Los agentes tuvieron que salir en dos tandas a las cuatro y a las siete de la madrugada respectivamente. En total, algunos de ellos estuvieron 20 horas en el edificio de la consejería. Los daños causados por los manifestantes a los vehículos de la Guardia Civil que habían quedado aparcados fuera ascendieron a 33.729, 34.708 y 67.193 euros (135.631 euros en total).

Lamela también relata cómo el grupo de Whatsapp utilizado para el asedio a la consejería fue el que se utilizó para convocar a la población a mantener ocupados y abiertos los colegios electorales en los días previos al referéndum del 1-O mediante la iniciativa @escolesobertes. El mismo día de la consulta, según la magistrada, "se realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las actuaciones policiales  encaminadas a impedir la celebración del referéndum". 

Tras conocer el encarcelamiento de ambos líderes, el vicepresidente de ANC, Agustí Alcoberro, y el secretario de la junta de Òmnium Jordi Bosch han anunciado movilizaciones para mañana en toda Cataluña. Las convocatorias son a las 12 frente a los centros de trabajo y a las 19.00 frente a los ayuntamientos y las delegaciones del Gobierno.

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