Madrid, 5 nov.- La medidas de seguridad del Madrid Arena han seguido hoy en el centro de la polémica al presentar el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el juzgado las actas que certifican que el pabellón carecía de licencia, pese a que el Ayuntamiento dice que se cumplía con la ley.
Entretanto, familiares y amigos han despedido en un multitudinario funeral a la última víctima mortal del suceso, la joven de 17 años Belén Langdon, cuarta fallecida en la fiesta de Halloween celebrada en ese recinto de la Casa de Campo madrileña.
Cuatro días después de la fatídica avalancha humana, continúa la investigación del caso que instruye el juez Eduardo López Palop, que ha ordenado a la Policía que mantenga precintado el recinto por si tiene que realizar alguna diligencia en el lugar.
El Juzgado de Instrucción número 51 no ha recibido aún ninguna denuncia de las que se han anunciado que se iban a presentar por los hechos, ni notificación de la personación de nadie en la causa.
Con todo, el magistrado no ha decretado el secreto del sumario "ni lo piensa decretar", según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Quien sí ha acudido al Juzgado es el SUP, que ha presentado las actas policiales que demuestran que el pabellón Madrid Arena carecía de licencia, al menos hasta 2006, y ha insistido que este requisito es obligatorio, pese a que el Ayuntamiento opina lo contrario.
Esas actas, firmadas por Javier Alonso -entonces coordinador de seguridad de la Policía para la temporada de la Liga ACB en el equipo del Estudiantes- reflejan que el pabellón, donde jugaba sus partidos este club, carecía de licencia de funcionamiento y fueron remitidas a la Comunidad de Madrid y a la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Pese a que el Ayuntamiento de Madrid ha insistido en que la instalación no precisa licencia, el SUP reitera que este requisito es "obligatorio" y considera "radicalmente falso" que la Ley del Suelo de la Comunidad exima de cumplir ese requisito.
La respuesta desde el Ayuntamiento la ha dado la delegada de Urbanismo, Paz González, quien ha asegurado que el Madrid Arena cumple la normativa de seguridad que estaba vigente cuando se construyó, en 2001, que es lo que exige la ley.
González ha precisado que, al no haberse producido un cambio de licencia ni de uso, no era necesario aplicar los criterios estipulados en las legislaciones que se aprobaron con posterioridad.
Por su parte, el colectivo Manos Limpias ha pedido a la alcaldesa Ana Botella el cese del vicealcalde Miguel Ángel Villanueva y del concejal de Hacienda Pedro Calvo como responsables de un supuesto delito de prevaricación y de tráfico de influencias en el caso.
Además, ha pedido en el Juzgado la detención y prisión incondicional de Miguel Ángel Flores, como máximo responsable de la Empresa Diviertt, organizadora de la fiesta.
Botella, por su parte, ha expresado su apoyo expreso a Villanueva y ha ensalzado el trabajo "de coordinación e información" que ha llevado a cabo, así como el "rigor y responsabilidad" con el que ha afrontado la tarea de portavoz del Ayuntamiento.
Las peticiones de búsqueda de responsabilidades han llegado desde más ámbitos. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha señalado que hay que ser "muy rigurosos" en la investigación y ser lo "más rápido posible" en establecer responsabilidades.
Ignacio González, presidente de la Comunidad, ha pedido "llegar hasta el final" y "depurar responsabilidades", y ha insistido en que su Gobierno extremará el celo a la hora de analizar las peticiones y los requisitos que tienen que cumplir los organizadores de este tipo de eventos.
Por su parte, el grupo socialista en el Ayuntamiento solicitará la celebración de un pleno extraordinario en el que se apruebe la creación de una Comisión de Investigación urgente sobre lo sucedido.
Mientras se sucedían las peticiones de responsabilidades y las críticas, el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha oficiado un funeral en la catedral de esta localidad madrileña en memoria de la menor fallecida el sábado.
La muerte de la menor se sumó el sábado a las de Katia Esteban Casielles, Rocío Oña Pineda y Cristina Arce de la Fuente, todas ellas de 18 años, mientras que una quinta joven, María Teresa Alonso, de 20 años, permanece aún hoy en estado crítico en la UVI de la Fundación Jiménez Díaz.
Amigos y compañeros de clase de las jóvenes les han rendido hoy diversos homenajes en sus centros educativos. EFE
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