La Paz, 21 mar.- La persistencia de la "seria crisis" en el sistema judicial boliviano pese a las reformas promovidas por el Gobierno de Evo Morales y la acumulación de procesos penales contra opositores preocupan a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), informó hoy ese organismo.
Estas inquietudes fueron incluidas en el informe anual de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre Bolivia, en el que propone numerosas medidas para aplicar las normas aprobadas por el Ejecutivo para reformar la justicia y proteger los derechos de indígenas, mujeres y reos, entre otros.
"A la alta comisionada le sigue preocupando la persistencia de la seria crisis en el sistema judicial, incluyendo la posible existencia de una red de extorsión que involucraría a funcionarios", señala el informe difundido en La Paz.
Este caso comenzó a investigarse en noviembre pasado, después de que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher denunciara que los funcionarios implicados en la red de extorsión le pidieron 50.000 dólares a cambio de su libertad.
Ostreicher, que ahora se encuentra en libertad condicional, pasó casi 19 meses preso en una cárcel en el oriente boliviano acusado de blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotráfico, cargo que él niega.
Desde que se desmanteló la red, fueron encarceladas una docena de personas entre las que figuran asesores jurídicos del ministerio de Gobierno y varios fiscales.
"La existencia de una red de extorsión dentro del poder judicial constituye una seria amenaza a la credibilidad de la administración de justicia en el país", indica el informe de Pillay.
El documento también destaca el compromiso del presidente Morales para identificar a los involucrados en el caso, "a fin de erradicar dichas prácticas de las instituciones estatales".
En declaraciones a Efe, el representante de la OACNUDH en Bolivia, Denis Racicot, resaltó que las autoridades han tomado varias decisiones positivas para garantizar la independencia del órgano judicial, el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción y para acabar con el retraso en los procesos, entre otros.
Sin embargo, ello "resultó insuficiente para poder resolver la crisis profunda y de carácter estructural" que padece la justicia boliviana desde hace mucho tiempo, por lo que instó a asumir reformas de alcance "más largo" para resolver la situación.
La alta comisionada también expresó su preocupación por "la acumulación de procesos penales" en contra de algunos opositores "y otras figuras públicas de alto nivel".
Según el informe, la mayoría de los procesos son por supuesta corrupción, aunque hay otros "originados por declaraciones públicas consideradas ofensivas por las autoridades" que se trataron bajo los delitos de injuria, calumnia, difamación, sedición o desacato, aunque éste último fue declarado inconstitucional en octubre.
Además expresó su preocupación por el alto índice de detenciones preventivas y por el hacinamiento y "las graves condiciones de vida" en las prisiones.
La OACNUDH destacó por otra parte los avances de Bolivia referidos a los derechos económicos, culturales y sociales de sus habitantes, que fueron posibles gracias a programas de transferencia monetaria que han permitido reducir los índices de pobreza y la deserción escolar.
También resaltó las normas para prevenir y sancionar el racismo y la violencia machista y otras en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y los indígenas.
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