Ginebra, 31 may.- Guatemala debe "aplicar plenamente" la Ley de Reconciliación Nacional y asegurarse de que no se amnistíe a ninguno de los autores de genocidio, tortura y desaparición forzada, según el informe publicado hoy por el Comité contra la Tortura de la ONU, que acaba de analizar al país centroamericano.
En él, el Comité reitera que el Estado guatemalteco debe aplicar la Ley de Reconciliación Nacional que deniega explícitamente la amnistía a los autores de los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, y pide que éstos no puedan beneficiarse de plazos de prescripción.
Asimismo, el Comité deja claro que es "esencial evitar que agentes estatales realicen actos o declaraciones públicas que puedan tener el efecto de influir negativamente sobre la independencia del Organismo Judicial".
Con respecto a la guerra civil, los expertos de Naciones Unidas notan "con preocupación" que pese a los años transcurridos desde el final del conflicto armado sigue sin conocerse el destino de más de 40.000 personas que habrían sido víctimas de desaparición forzada durante ese período.
Y al respecto lamentan que todavía no se haya establecido una comisión independiente para localizar a esas personas.
El Comité considera que Guatemala debería redoblar sus esfuerzos para que las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado reciban una reparación adecuada.
Asimismo, pide un esfuerzo mayor de las autoridades para prevenir y combatir la violencia de género.
"El Estado debe velar por que todos los actos de violencia contra las mujeres sean investigados sin demora, de manera eficaz e imparcial y por que los autores sean enjuiciados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos", señala.
Las fuerzas del orden, jueces, abogados y trabajadores sociales y de la salud deben estar preparados para responder de manera eficaz a los casos de violencia contra las mujeres, añade.
El Comité se refiere también a las actividades de la Policía y le pide que garantice que "no subsistan disposiciones legales que autoricen al Ejército a intervenir en actividades netamente policiales y de prevención de la criminalidad común".
Además, los expertos de la ONU recomiendan que el Estado asegure que las empresas de seguridad privadas cumplan con el registro obligatorio establecido por la legislación y sus actividades estén sujetas a una adecuada supervisión y rendición de cuentas.
Finalmente, piden que la privación de libertad de menores sea aplicada como último recurso y por el período más breve posible.
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