La oposición pide parar desahucios mientras se traspone la sentencia de la UE

  • Los grupos parlamentarios de CiU y PSOE en el Congreso han pedido hoy al Gobierno que actúe con celeridad para suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha hasta que España adapte su normativa a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Madrid, 20 mar.- Los grupos parlamentarios de CiU y PSOE en el Congreso han pedido hoy al Gobierno que actúe con celeridad para suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha hasta que España adapte su normativa a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

"Mientras que cambia la ley no permitan que se le aplique a nadie. Paralicen los desahucios. Utilicen el Consejo de Ministros y los reales decretos-ley para proteger a los ciudadanos de verdad", ha exigido la diputada socialista Leire Iglesias al ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la sesión de control al Ejecutivo.

En la misma línea, el portavoz de CiU, Pere Macías, ha reclamado "determinar normativamente y cuanto antes la suspensión de los procesos judiciales en curso en función de su casuística social" para "amparar a las familias que de buena fe han creído en el estado de derecho".

La semana pasada el Tribunal de Luxemburgo sentenció que los procedimientos de ejecución hipotecaria de España contravienen la normativa europea de protección al consumidor, una ley que data de 1993, al impedir que el juez intervenga en el proceso.

Luis de Guindos ha reiterado que el Ejecutivo ha creado un grupo de trabajo con representantes de los ministerios de Economía y Justicia para estudiar la adaptación legislativa necesaria y que los cambios se incorporarán mediante enmiendas a la normativa que tramita el Congreso.

Actualmente, el Parlamento trabaja en dos iniciativas relacionadas con este asunto: el proyecto de ley de protección a deudores hipotecarios y el proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago y paralización de desahucios.

Macías ha señalado que la legislación española "genera exclusión social" y ha apostado por modificar "a la mayor brevedad" una normativa de la que muchas familias han sido víctimas en los últimos 20 años.

Iglesias ha reprochado al Gobierno que, en noviembre de 2012, cuando se conoció el dictamen de la abogada europea, reaccionara presentando alegaciones a este documento "que sirvieran para seguir protegiendo los privilegios de las entidades de crédito".

Los dictámenes de los abogados del Tribunal de la UE suelen avanzar el sentido de la decisión que finalmente adoptará la corte de Luxemburgo, algo que se ha cumplido en esta ocasión.

Al igual que hizo ayer en el Senado, Guindos reiteró que la sentencia "no inhabilita" el sistema hipotecario español ni invalida toda la legislación y defendió las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los ciudadanos más vulnerables: el código de buenas prácticas, la paralización de desahucios en determinados casos y el fondo social de alquiler de viviendas para desahuciados.

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