La oposición protesta por las "prisas" para limitar la justicia universal

Madrid, 19 feb.- Todos los grupos parlamentarios del Congreso salvo el PP han firmado hoy un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara en la que solicitan la elaboración de un informe jurídico que justifique la tramitación urgente y en lectura única de la reforma que limita la justicia universal.

La tramitación por la vía de urgencia, solicitada por el PP, significa que esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no irá a comisión y las enmiendas se debatirán y aprobarán en un pleno extraordinario la próxima semana, inmediatamente después del debate sobre el estado de la nación.

Los nuevos requisitos para la aplicación de la justicia universal llegarían al Senado a finales de febrero y si se cumplen los plazos, estarían plenamente en vigor en el mes de abril.

Los populares justifican las "prisas" en la defensa del interés general de España y los españoles y en la necesidad de evitar conflictos como los que la actual legislación está generando.

Se trata, según el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, de adaptar la legislación española a la de los países de nuestro entorno y de "cortar cuanto antes lo que son fuentes de conflicto que ponen riesgo la posición internacional de España y pueden hacer daño a nuestro país".

Por contra, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha arremetido contra el PP por la "utilización abusiva" de su mayoría y contra el presidente del Congreso, Jesús Posada, por alejarse de su función institucional de aplicar reglamento al responder de "forma muy obediente a las instrucciones" de los populares.

"Es un atropello", ha señalado Rodríguez, que cree que de esta forma el PP pisotea el reglamento para evitar que el resto de los grupos puedan presentar enmiendas y hurtar el debate parlamentario.

La reforma supondrá que sólo se puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad en España cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o extranjeros que residan habitualmente en nuestro país o cuya extradición hubiera sido denegada.

Una modificación que podría afectar a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como las investigación de la represión en el Tíbet o de la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak.