La PAH dice que el Defensor del Pueblo "no ha hecho su trabajo" en desahucios

  • La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha calificado de "vergonzoso" que el Defensor del Pueblo no recurra la "ley antidesahucios" en el Tribunal Constitucional, y ha acusado a la institución de "incumplir" sus obligaciones por no estudiar la denuncia de que la norma "viola derechos fundamentales".

Madrid, 16 ago.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha calificado de "vergonzoso" que el Defensor del Pueblo no recurra la "ley antidesahucios" en el Tribunal Constitucional, y ha acusado a la institución de "incumplir" sus obligaciones por no estudiar la denuncia de que la norma "viola derechos fundamentales".

La PAH planteó en su día un recurso propio de inconstitucionalidad y pidió que 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo lo "avalasen" para poder presentarlo, pero sin que se apropiasen de sus argumentos.

"No ha hecho su trabajo, no ha hecho una análisis acerca de la violación de derechos fundamentales de esa ley, simplemente plantea una cuestión formal de que no puede adherirse a un recurso que es el que nosotros propusimos", ha declarado a Efe Rafael Mayoral, un portavoz de la plataforma.

Así, ha planteado que la institución que dirige Soledad Becerril podía haber redactado otro recurso si el problema era que no podía avalar el de la plataforma tal cual.

También ha rechazado que el Defensor "se escude" para no presentarlo en que el PSOE haya registrado uno, lo que ha sucedido después del mediodía de hoy, cuando terminaba el plazo legal para hacerlo.

Mayoral también ha comentado que la propuesta de la institución que dirige Soledad Becerril para que se cree un procedimiento de insolvencia de las personas físicas y que se faciliten acuerdos entre las partes.

"Cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos, lo que está planteando es incumplir sus obligaciones", ha asegurado.

Así, se ha preguntado si el Defensor del Pueblo cree que es aceptable que "a los menores desde tres años se les desahucie", que sigan los desalojos "sin alternativa habitacional", que continúe "la falta de garantías procesales" en las ejecuciones hipotecarias y si está de acuerdo con una "ley de punto final" (para olvidarse de los casos anteriores).

"Tiene la obligación de pronunciarse -ha insistido- y de hacer un análisis jurídico independientemente de que quién impugne la ley; como organismo constitucional, tiene la obligación de impugnar las normas que violen derechos fundamentales, y ha eludido su responsabilidad en flagrante incumplimiento de sus obligaciones".

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