La policía prevé la detención de 90 políticos y empresarios en Andalucía por los cursos de formación

Entre 70 y 90 políticosy empresarios serán detenidos a partir este martes en una operación de la Policía Nacional relacionada con el fraude en los cursos de formación.

Las detenciones, que continuarán durante los próximos días, han comenzado a producirse sobre las 9 de la mañana y se están llevando a cabo en 3 provincias, en Málaga, Cádiz y Almería, como parte de una tercera fase de la 'Operación Edu', en su fase 'Edu Costa'.En el operativo participan medio centenar de funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, informan fuentes policiales.

Las detenciones de este martes afectana las empresas que se beneficiaron de las subvenciones paras realizar cursos de formación. En total, las 50 sociedades recibieron 4,9 millones de euros. Cuarenta de las detenciones se llevarán a cabo en la provincia de Almería.

En la primera tanda, los efectivos de la Policía Judicial han detenido a 15 presuntos implicados, casi todos ellos cargos políticos municipales del PSOE. Entre los imputados está el líder del PSOE en la localidad de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega Paniagua, y la exalcaldesa de Jerez, también del PSOE, Pilar Sánchez-Muñoz.

Las dos fases anteriores de esta operación ya se saldaron con medio centenar de detenidos, la mayoría relacionados con las las sociedades mercantilesque se vieron beneficiadas por las adjudicaciones irregularesde dichos cursos de formación. Dirigidos a parados, muchos de estos cursos ni se realizaron ni reunían los requisitos exigidos por las convocatorias.El PSOE suspenderá de militancia inmediata a los implicados

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, Antonio Hernando, afirmó que se suspenderá "de inmediato" de militancia a los socialistas que se demuestre que están implicados en el fraude de los cursos de formación en Andalucía entre los años entre 2007 y 2013.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, Hernando manifestó el "respeto total" a la actuación judicial después de la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las provincias de Almería, Cádiz y Málaga, que se ha saldado con decenas de detenidos, entre ellos la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, la socialista Pilar Sánchez, y de un concejal del PSOE en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. La actuación policial dentro de la llamada 'Operación Edu' afecta a cargos municipales del PSOE, uno del PP y un sacerdote.

El portavoz socialista dijo que "de confirmarse" la implicación de militantes del PSOE en este presunto caso de corrupción, se actuaría "de inmediato" y se les suspendería de militancia.

La exalcaldesa de Jerez no es militante del Partido Socialista, apuntaron fuentes socialistas, mientras que el concejal de Roquetas sí tiene carné de militante.'Operación Edu Costa'

Fuentes del caso han indicado que la que ha comenzado es la primera fase de la que se denomina operación 'Edu Costa' y se va desarrollar con actuaciones como registros domiciliarios y de empresas de Cádiz, Málaga y Almería hasta el día 13. La segunda fase, según han precisado, comenzará el día 16 y tiene previsto culminar el día 20.

El secreto de actuaciones se ha estado prorrogando a la espera de que se incorporase a la causa el informe oficiado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que recientemente culminaba con la ronda de entrevistas a profesores y alumnos de los centros de formación bajo sospecha.

La última decisión, al margen de las prórrogas de secreto de sumario, de la magistrada María del Mar Cruz en el marco de este procedimiento fue aceptar que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se personase como parte en el procedimiento, aunque rechazaba entonces dar traslado de lo actuado hasta el momento debido al secreto que pesa sobre la causa.'Caso Edu'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentan características que hacen "presumir la posible existencia de infracción penal".

La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realice "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

El Ministerio Público indicaba entonces que en el testimonio de particulares remitido desde la Fiscalía de Málaga se incluye un informe de la UDEF "en el que se da cuenta de irregularidades detectadas" en la obtención de subvenciones"por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

Remarcaba que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producen "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación sobre subvenciones establece al efecto y señala, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".

La Fiscalía Provincial detallaba en su denuncia, asimismo, que, en un segundo informe de la UDEF, "se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería", aunque matizaba que "no se realiza una investigación profunda y detallada".

Sí hacía mención a que en el citado informe se citan "varias" empresas en las que se "han detectado diversas irregularidades" y recogía cuatro en concreto: "Quintaeventos S.L.; Ormar Informatic S.L.; Inmecamar S.L.; y Academia Infosol S.L.". El Ministerio Público interesó, además de la incoación del procedimiento penal que se incorporase a la causa el testimonio de particulares de las diligencias de investigación penal de la Fiscalía de Málaga.