La propuesta de rubalcaba para reformar el senado no irá a la ponencia mientras no sea aprobada por el psoe

La propuesta que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, plantea esta mañana a la Ejecutiva de su partido para transformar el Senado en una Cámara de representación territorial no estará sobre la mesa de la ponencia que estudia el refuerzo de las funciones de la Cámara Alta, y que tendrá que remitir al pleno sus conclusiones antes del verano.

El senador socialista por Baleares que coordina los trabajos de reforma, Francesc Antich, afirmó al término de la reunión de la ponencia que por el momento se sigue trabajando de acuerdo con la propuesta inicial de los socialistas, que está avalada por el último Congreso del partido.
Cualquier otra propuesta diferente deberá ser discutida y acordada por los órganos correspondientes del partido, que deberán avalar unos cambios que, en muchos casos, son incompatibles con lo que el PSOE ha venido defendiendo durante el último año.
Rubalcaba presenta hoy a su Ejecutiva el proyecto de nuevo modelo territorial. La apuesta socialista para el Senado es reducir los 266 escaños actuales a unos 90 que serán designados por los gobiernos de las comunidades autónomas y no elegidos por los ciudadanos por voto directo.
Según la idea de Rubalcaba, cada comunidad autónoma tendría tres senadores, a los que sumaría uno más por cada millón de habitantes de su territorio. Así Cataluña, Andalucía y Madrid serían las comunidades con más representación, mientras que Navarra o La Rioja, se quedarían con el mínimo de tres. En esa nueva Cámara no se defenderían colores políticos, sino intereses territoriales.
Esta propuesta supondría, según Antich, un “cambio radical” respecto a lo defendido hasta ahora por el Partido Socialista, y un giro así requerirá el aval del partido que, además, tiene pendiente la celebración de una Conferencia Territorial en otoño en la que probablemente se discutirán todos estos asuntos
La ponencia de estudio para la reforma de las funciones del Senado trabaja con el horizonte de presentar en junio un acuerdo definitivo para convertir la institución en Cámara de primera lectura en asuntos territoriales en detrimento del Congreso.
El pleno de Senado aprobó por unanimidad hace poco más de un año una moción que ordenaba a la ponencia emitir antes de que finalizase el primer período de sesiones de 2013, en junio, un informe sobre las reformas precisas para reforzar las funciones del Senado como Cámara de representación territorial y dotar de un mayor equilibrio al sistema bicameral de las Cortes Generales.
En cumplimiento de esta moción, la propuesta que presentará la ponencia se centrará exclusivamente en las funciones y no abordará otros asuntos como los relacionados con la composición del Senado y el sistema de elección de los senadores, cuyo tratamiento se había planteado como complemento al mandato del pleno.
Aunque por el momento no hay nada decidido, Antich se mostró partidario de que tras la presentación de este primer dictamen, la ponencia pueda seguir trabajando para abordar, entonces sí, propuestas concretas sobre la composición y el sistema de elección de los senadores, momento en que tendría cabida la discusión sobre el modelo socialista.
De acuerdo con lo que se está debatiendo ahora, el refuerzo de funciones de la Cámara Alta significaría asignarle un papel más importante en normativas relacionadas con las reformas de los estatutos de autonomía, la financiación autonómica y la cesión de tributos, así como a las leyes marco, de transferencia o delegación y de armonización, previstas en el artículo 150 de la Constitución.
También incluye las relativas a la organización y financiación de las entidades locales y una mayor intervención del Senado en las proposiciones de ley originadas de esta misma Cámara que sean de relevante incidencia autonómica o local y las que procedan de las asambleas de las comunidades autónomas.
De este modo, la Cámara alta asumiría unas funciones ejercidas hasta el momento por el Congreso de los Diputados, que es la institución a la que la Constitución atribuye la condición de Cámara de primera lectura de las leyes. Está, por tanto, sobre la mesa una reforma constitucional para que el acuerdo de la ponencia pueda llevarse a efecto.