La reforma de la Justicia de Gallardón choca con jueces, fiscales y abogados

Francisco Tomás

Madrid, 13 dic.- La reforma de la Justicia promovida por el ministro Alberto Ruiz Galardón ha dejado en el aire una amenaza de huelga de jueces y fiscales para enero y la movilización en contra de abogados, secretarios judiciales, sindicatos y consumidores, que podrían apoyar el paro, además del rechazo de toda la oposición.

El curso político arrancó, en materia judicial, con el anuncio del ministro Gallardón de reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de endurecimiento del Código Penal (prisión permanente revisable) y la Ley del Menor.

De estas, las reformas más avanzadas a lo largo del año han sido las que afectan a la LOPJ y, en términos generales, a la Administración de Justicia. Entre ellas, la nueva ley de tasas judiciales, que ha sido la más polémica.

La práctica eliminación de la figura de jueces y fiscales sustitutos, la reforma del Consejo del Poder Judicial o los nuevos partidos judiciales están cerca de su aprobación definitiva por el Parlamento y, además, el Gobierno ha puesto en marcha cambios en la Ley de Justicia Gratuita y en el registro civil.

En la batería de reformas figuran también los cambios en la normativa que regula los desahucios. Pero por encima de todas emerge la subida de las tasas judiciales, que ha levantado una oposición unánime.

La ley no entrará en vigor hasta principios de año y este vacío legal ha sido denunciado por los operadores como una imprevisión del Ejecutivo, puesto que hasta entonces no se podrá cobrar ni por el antiguo ni por el nuevo sistema.

Cuando entren en vigor, los ciudadanos, y ya no solo las empresas, deberán pagar por sus relaciones con la Justicia cantidades situadas entre 100 euros, por la reclamación de una deuda, hasta 1.200, si se recurre ante el Tribunal Supremo.

Así será en los órdenes Civil y Contencioso Administrativo y, en el Social, cuando se recurra la decisión de la primera instancia.

Todo el sector, empezando por el órgano de gobierno de los jueces (el Consejo General del Poder Judicial), que emitió un informe contrario a la medida, y continuando por todas las organizaciones de abogados, fiscales, secretarios judiciales y otros funcionarios, se ha opuesto a ellas.

Los letrados dicen que afectarán sobre todo a las clases medias y que "aniquilarán" el 90 % del trabajo de sus despachos, mientras que jueces y fiscales han alertado de que supondrán una disminución de derechos, al tiempo que los sindicatos de Justicia las han tachado de privatizadoras.

Todos han hablado de justicia de ricos y pobres, en lo que han coincidido con la oposición socialista.

El Gobierno argumenta que las tasas persiguen paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita (que alcanzará a las rentas inferiores a los 15.975 euros).

Además, el ministro cree que en nuestro país hay demasiados pleitos y un número desproporcionado de abogados y que la medida disuadirá de recurrir a quienes no se vean con posibilidades reales de tener la razón ante un tribunal.

Pero sus argumentos no han evitado que, al hilo de esta medida, rechazada por una gran mayoría social según una encuesta de Metroscopia, los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT hayan puesto en marcha una recogida de firmas.

Ni tampoco han evitado que el Consejo General de la Abogacía Española haya convocado a esos sindicatos y a los que representan a los secretarios judiciales, junto a las organizaciones de consumidores, a una plataforma común. Ni que a ella se hayan sumado las organizaciones profesionales de jueces y fiscales.

De este modo, jueces y fiscales, que integran un poder del Estado, han hecho frente común con el resto del sector. Y es que el ministro les ha aplicado, si bien parcialmente, las medidas de recorte que han afectado a todos los funcionarios.

Les ha retirado una paga extra y ha reducido sus días de asuntos propios (en su caso, de 18 a 12).

Gallardón atribuye a estos recortes su descontento, pero ellos muestran su rechazo al resto de las reformas y apuntan muy en concreto a la eliminación de los jueces y fiscales sustitutos (en torno a un 25 % de la plantilla) algo que, según ellos, aumentará la carga de trabajo de unos juzgados ya saturados.

Jueces y fiscales han convocado manifestaciones, una de ellas en Madrid y frente al Ministerio de Justicia, han pedido la dimisión del ministro y han convocado un paro parcial de una hora en los juzgados.

Sus organizaciones profesionales se han unido al conjunto del sector en el rechazo a medidas como la reforma del Registro Civil, que obligará a nuevos pagos a los usuarios; los cambios en los partidos judiciales o la Ley de Justicia Gratuita, cuya cobertura es considerada insuficiente.

El elemento definitivo para el enfrentamiento con jueces y fiscales es la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que Gallardón anunció coincidiendo con la polémica vinculada a los gastos del anterior presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, gastos que provocaron su dimisión.

Será esta medida, si el Gobierno la aprueba en enero, la que desencadenará la convocatoria de una jornada de huelga de jueces y fiscales apoyada incluso por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. El resto del sector podría sumarse. Sería la segunda vez en la democracia en que se produce una huelga en la Justicia española.

Alberto Ruiz-Gallardón defiende su reforma del CGPJ con dos argumentos: que será consensuada y que trata de limitar el control corporativo que las organizaciones profesionales de jueces tienen, a través del CGPJ, sobre los nombramientos para el Supremo, los tribunales superiores o las presidencias de Audiencia.

Dieciocho organizaciones, en representación de todo el sector, comparecieron unidas ante los medios de prensa contra Gallardón. Ese mismo día, 11 de diciembre, el ministro respondió atribuyendo la oposición a sus reformas a "intereses corporativos". EFE

ftv/jlg

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