La reforma laboral española podría quedarse corta

El Gobierno español anunciará el viernes una necesaria reforma laboral que previsiblemente no abordará a fondo algunas de las cuestiones que mercados y analistas consideran clave para dinamizar un mercado laboral con más de 5 millones de parados.

El martes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció los ejes de esta reforma, la segunda en menos de dos años, pero no brindó detalles sobre las medidas concretas que incluiría un paquete sobre el cual existe un cierto consenso de que no cambiará el panorama laboral español.

"Parece que habrá muchas medidas parciales, pero se evitará tocar a fondo los puntos más sensibles: es lo que se ha hecho en la anterior reforma y en unas cuantas más, y parece que se va a repetir; la reforma no va a ser efectiva", sostiene Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fundación de Economía Aplicada (Fedea).

Una medida que podría anunciarse es la generalización del actual contrato de fomento del empleo, con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, a casi todos los colectivos - actualmente no incluye a quienes no lleven más de tres meses en paro -, algo que los analistas consideran insuficiente.

"Los contratos de fomento existen desde 1997 y no han funcionado. Entonces, lo que es esperable es que no haya un efecto consistente y positivo de esta reforma", dijo Felgueroso.

Actualmente, en España el coste del despido improcedente regular es de 45 días por año trabajado, y si bien no se descarta que pueda haber una rebaja mayor de la indemnización, no parece que se llegue a los 20 días que plantea la patronal.

La ministra también descartó que la reforma vaya a introducir la figura de contrato único por la que abogaba el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Más allá de posibles rebajas en los costes de despido, el Gobierno podría simplificar los criterios para establecer que un despido sea o no procedente, para evitar un exceso de judicialización que en la práctica lleva a los empresarios a pagar el coste actual del despido improcedente.

"Lo que hace falta es un contrato sencillo, que uno sepa a qué se tiene que atener, que las cosas no acaben judicializadas, y que no sigamos con los criterios que había en la dictadura, cuando teníamos una economía autárquica", dijo Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

"Si uno tiene que despedir porque está perdiendo dinero, tiene que despedir pronto porque si no, le va a ser mucho más difícil salir", agregó.

Ante la gravedad de la situación del empleo en España, el Gobierno parece tener carta blanca para llevar a cabo las duras reformas que le exige la Unión Europa - con el conservador Gobierno alemán a la cabeza - y los mercados financieros.

Sin embargo, la posibilidad de conflictos domésticos como una huelga general -que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera muy probable - y la impopularidad de unas medidas que se tomarán un mes antes de dos elecciones autonómicas- en Andalucía y Asturias - podrían provocar que la reforma sea demasiado tibia.

"El Gobierno tiene en su horizonte temporal las elecciones andaluzas y asturianas, y esto le produce dificultades para hacer la reforma radical que necesita España", sostiene José Ramón Pin, director de cátedra del IESE Business School.

A finales de enero, sindicatos y patronal sellaron un pacto que establece unos criterios moderación salarial y negociación colectiva para los próximos tres años, pero el Gobierno irá más allá en la reforma.

Para el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la posibilidad de que se convoque una huelga general dependerá de hasta dónde toque la reforma la negociación colectiva, un ámbito que considera de competencia exclusiva de los agentes sociales.

La convocatoria "dependerá de cómo y de qué manera se avance sobre los temas ya acordados en el acuerdo", dijo una portavoz de CCOO.

Pese a la impopularidad de algunas medidas drásticas, la primera economía europea en número de parados necesita en opinión de analistas, economistas y numerosos políticos una actuación decidida pese a su coste social, particularmente teniendo en cuenta la amplia mayoría parlamentaria con la que cuenta el partido en el Gobierno.

"Lo que España necesita es una mayor flexibilidad y eso puede ser lamentablemente una pérdida de la cobertura social de los que estamos trabajando para que haya más probabilidades de contratar a la gente; pero(...) sólo irá la mitad de lo que debería ir en la reforma, lamentablemente, porque es difícil explicarlo a la sociedad", sostiene Franc González, economista del servicio de estudios de Caixa Catalunya.

Lo que sí es seguro, según lo anunciado por la ministra el martes, es que el Gobierno dará más margen de maniobra a las agencias de colocación privadas -que se han mostrado más efectivas que los servicios públicos de empleo para colocar a desempleados-, que no tocará las prestaciones por desempleo, y que avanzará hacia un fondo individualizado para formación.

La reforma laboral, que Báñez no desveló si se aprobará mediante Decreto Ley (en cuyo caso entraría en vigor inmediatamente) o mediante Anteproyecto de Ley (que requeriría un trámite parlamentario que podría demorarse varios meses), se inscribe en las reformas estructurales con los que el nuevo Gobierno español pretende recuperar la confianza de los mercados financieros y sanear las cuentas públicas.