Praga/Budapest, 23 nov.- Los Gobiernos conservadores de la República Checa y de Hungría están estudiando la aplicación de medidas para denunciar ante los tribunales los crímenes de las dictaduras comunistas e incluso exigir responsabilidades a los herederos políticos del entonces partido único.
El Gobierno checo decidirá en el plazo de un mes si ilegaliza al Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM), pese a que la iniciativa ha obtenido ya cuatro dictámenes de expertos que lo desaconsejan.
"Se ha creado un equipo mixto de los ministerios de Interior y Justicia para preparar, en un mes, una denuncia administrativa para presentar al Tribunal Administrativo Superior, y luego veremos definitivamente si actuamos o no", dijo hoy en Praga el primer ministro, Petr Necas, tras la reunión del Ejecutivo de coalición.
Necas confirmó que cuatro dictámenes de politólogos, criminalistas y expertos en ideologías extremistas no ven argumentos para ilegalizar a priori al KSCM.
Los especialistas consideran que no es posible juzgar al KSCM de la democracia como si fuera sucesor del régimen anterior, a pesar de que la formación liderada por Vojtech Filip no se ha desvinculado oficialmente de su pasado totalitario.
El Ejecutivo de Praga trata de dar curso a la solicitud del Senado de denunciar al KSCM, por considerar que el partido vulnera la ley del régimen comunista que se refiere a la falta de legitimidad y a la negación del Estado de Derecho.
Uno de los mayores partidarios de la ilegalización de los comunistas es el ministro de Defensa y ex disidente, Alexander Vondra.
Para Vondra, la citada ley define al KSCM como portador de la idea del régimen anterior, con todo lo que ello conlleva.
En Hungría, por su parte, el partido gubernamental Fidesz ha presentado ante el Parlamento un proyecto de enmienda de la Constitución para anular la prescripción de los delitos graves cometidos durante la dictadura comunista "en nombre, a favor o con el asentimiento del partido del Estado".
Esa referencia abre la puerta, especialmente, a la persecución penal de los implicados en la dura represión que siguió al fracasado levantamiento antisoviético de 1956.
Este cambio constitucional incluiría que puedan reducirse las "dotaciones de los dirigentes de la dictadura comunista", algo que podría afectar a las pensiones de los ex líderes del régimen.
La propuesta del Gobierno define al actual Partido Socialista (MSZP) como heredero del Partido Socialista Obrero de Hungría, el partido único del régimen comunista, aunque no tendría consecuencias legales para la segunda fuerza política del país, en el Gobierno entre 1994 y 1998 y luego entre 2002 y 2010
Según la prensa local, esa vinculación entre el antiguo partido comunista y los socialistas es sólo un "arma política" para utilizar en determinadas situaciones, como en campañas electorales.
El Partido Obrero de Hungría y otras formaciones comunistas actuales, con poco apoyo electoral y sin presencia en el Parlamento, tampoco serán sometidos a procesos de ilegalización bajo esta enmienda constitucional.
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