La SIP condena asesinato de periodista en Honduras y atentando contra diario

  • La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy de "manera enérgica" el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos en Honduras y el atentado contra el diario La Tribuna de ese país centroamericano en el que resultó herido un guardia de seguridad.

Miami (EE.UU.), 6 dic.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy de "manera enérgica" el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos en Honduras y el atentado contra el diario La Tribuna de ese país centroamericano en el que resultó herido un guardia de seguridad.

La SIP pidió también "justicia por la ejecución" de un periodista uruguayo secuestrado en 1977 y una investigación "inmediata" por el reciente asesinato del propietario de una emisora radial en Panamá.

Paz Villalobos, del canal de televisión Cadena Hondureña de Noticias (CHN), fue acribillada hoy en Tegucigalpa con otra persona que se presume "era su camarógrafo", según la organización con sede en Miami (EE.UU.)

De acuerdo con información preliminar, Paz Villalobos había recibido amenazas de muerte de pandilleros por negarse a pagar una extorsión.

La periodista y su acompañante se trasladaban en un vehículo, "propiedad de un oficial de las Fuerzas Armadas, cuando fueron asesinados. Se desconocen los móviles de este atentado".

Por otra parte, desconocidos dispararon hoy al menos en diez ocasiones contra la sede del periódico La Tribuna, hecho en el cual el guardia de seguridad José Manuel Izaguirre recibió tres impactos de bala.

"Se cree que el ataque, perpetrado desde un vehículo en marcha, se produjo en represalia por la publicación de investigaciones sobre el asesinato de dos estudiantes universitarios a manos de miembros de la policía", indicó la SIP en un comunicado.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Gustavo Mohme, expresó su solidaridad con la familia y los colegas de la periodista y quien se cree era camarógrafo, así como con el guardia de seguridad del diario La Tribuna.

Mohme, del diario peruano La República, también condenó los hechos e hizo un llamado al Gobierno del presidente Porfirio Lobo para que "se investigue y aplique el peso de la ley a fin de garantizar la plena libertad de prensa" en Honduras.

El directivo resaltó que "estos nuevos atentados forman parte de una campaña de violencia e inseguridad en general y de amenazas e intimidación contra editores y periodistas de medios en Honduras".

La SIP se sumó el pasado noviembre al pedido del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras de exigir al Gobierno investigar las denuncias de violencia, proteger la integridad física de los periodistas y garantizar la libertad de prensa.

Con respecto al caso del periodista uruguayo Julio Castro, informó que tras su secuestro el 1 de agosto de 1977, bajo la dictadura militar en Uruguay, sus restos fueron hallados el pasado 21 de octubre en el predio de una unidad militar, en el departamento de Canelones, 45 kilómetros al norte de Montevideo.

"Castro, quien tenía 68 años, fue detenido ilegalmente, torturado y, según un análisis forense, ejecutado de un balazo en la cabeza, lo que contradice la versión que hasta ahora habían dado los militares sobre este caso", precisó.

"Con estos nuevos elementos alrededor de la desaparición y ejecución del periodista, consideramos que el Estado uruguayo debe realizar una exhaustiva investigación para llevar ante la Justicia a los responsables directos e indirectos del asesinato", expresó la SIP.

En Panamá la SIP pidió a las autoridades una indagación profunda por el asesinato el pasado 6 de noviembre de Darío Fernández Jaén, propietario de la emisora radial "Mi Favorita", en la ciudad de Penononé, en la central provincia de Coclé.

Se desconoce si el crimen estaría relacionado a la actividad periodística de Fernández, que fue gobernador de esa provincia en tres ocasiones y se desempeñó como viceministro de Estado.

Fernández Jaén presentaba un programa de comentarios en el que previo a su asesinato "había denunciado actos de corrupción en el proceso de adjudicación de tierras en la provincia", indicó la SIP.

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