La SIP pide que se retiren cargos criminales contra periodistas en Barbados

Miami (EE.UU.), 13 mar.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó hoy a Barbados la eliminación de los cargos presentados contra tres periodista del diario The Nation por presunta violación de la ley de protección del menor.

La acusación tiene su origen en la publicación el 26 de octubre de 2013 de una fotografía de Facebook sobre un vídeo de dos estudiantes menores de edad que parecen estar manteniendo relaciones sexuales en un aula escolar.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo exigió que los cargos fuesen retirados, "tomando en cuenta las consecuencias negativas a la libertad de prensa que acarrea esta acusación".

Este martes tuvo lugar una audiencia preliminar en una Corte de Barbados contra la directora del citado periódico, Vivian-Anne Gittens, el editor jefe, Roy Morris, y el periodista Sanka Price.

Los tres han sido acusados de violar la Ley de Protección de los Niños (Protection of Children Act). El caso fue aplazado, por solicitud de la Fiscalía, hasta el 21 de julio próximo.

Los tres acusados fueron detenidos durante varias horas el 14 de noviembre de 2013 y afrontan la posibilidad de ser condenados a una pena de cinco años de prisión.

En la fotografía publicada en The Nation, los dos menores aparecen completamente vestidos y no pueden ser reconocidos porque sus rostros fueron explícitamente desdibujados. La nota que acompañó al registro gráfico informó de que otros estudiantes difundieron el vídeo a través de internet.

Paolillo destacó el derecho del periódico a difundir esa información, ya que "la exposición de la ausencia de controles en una escuela por parte de sus autoridades es una noticia de alto interés público para la sociedad".

Recordó, por otra parte, que la Declaración de Chapultepec, documento rector de los principios de la SIP en materia de libertad de prensa, establece que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".

Además, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina que "las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público".

En casos de este tipo, debe probarse que el "comunicador tuvo la intención de infligir daño o tenía pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas", recogió la SIP.

"Es evidente que, en este caso, el diario quiso exponer un funcionamiento incorrecto de un centro de enseñanza y que su propósito periodístico no fue difundir imágenes por el mero hecho de mostrar a dos menores en una situación inadecuada", precisó Paolillo.

El diario se comportó apropiadamente, "no publicando la identidad de los involucrados (por más que ésta ya había sido difundida en Internet por sus compañeros) y advirtiendo a las autoridades del colegio, al Gobierno y a los padres sobre el disfuncionamiento que había hallado" en el centro escolar.

"La denuncia misma es ya un ataque a la libertad de prensa y la posibilidad de encarcelamiento constituye una enorme presión sobre estos tres periodistas y también sobre los demás colegas, que puede llevar a la autocensura por temor", advirtió Paolillo.