La troika, la crisis y la oposición acosan al remozado Gobierno portugués

Lisboa, 1 jul.- El Gobierno portugués se quedó hoy sin su número dos, el ministro de Finanzas Vitor Gaspar, cuando negocia con la troika la conclusión de su rescate financiero, sin haber salido aún de la recesión, y mientras la oposición exige elecciones.

Gaspar, el ministro más poderoso del Ejecutivo conservador que encabeza Pedro Passos Coelho renunció hoy al cargo y fue sustituido por la hasta ahora secretaria de Estado del Tesoro, Maria Luís Albuquerque.

La oposición pidió de inmediato la salida de todo el Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, pese a que apenas se han cumplido dos de los cuatro años de legislatura y que el Ejecutivo tiene mayoría absoluta en el Parlamento.

Gaspar, de 52 años, fue el principal artífice de las políticas de austeridad aplicadas en los dos últimos años en Portugal para cumplir las exigencias del rescate de 78.000 millones de euros concedido por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro dimisionario fue siempre un defensor de los recortes presupuestarios y las tesis defendidas por Alemania ante la crisis de la deuda y trabajó como funcionario y consultor en la Comisión y el Banco Central europeos, dos de los organismos, junto al FMI, que forman la troika.

Su salida se produce pocos días después de la primera y adelantada visita de los técnicos de las tres entidades a Lisboa para preparar la octava evaluación de su rescate, en la que Portugal debe garantizar una reforma del Estado, rechazada por toda la oposición, que ahorre 4.700 millones de euros entre este año y 2015.

Las nuevas medidas de austeridad supondrán nuevos sacrificios para un país que vive su tercer año de recesión y que, lejos de volver al crecimiento en 2012, como preveían Gaspar y los organismos internacionales, este año registrará una caída del PIB del 2,3 % y un desempleo del 18 %.

Además, el viernes pasado se conoció que el déficit público luso alcanzó en el primer trimestre del año un 10,6 % del PIB, casi el doble del 5,5 % en que debe cerrar el año, aunque Passos Coelho aseguró que cree posible cumplir la meta.

Pero la oposición y los sindicatos, que el jueves pasado organizaron la cuarta huelga general contra el Gobierno, aprovecharon la dimisión de Gaspar para reiterar las críticas a la política de austeridad, que consideran fracasada y culpable del agravamiento de la crisis y el desempleo.

El Partido Socialista (PS), la principal fuerza de la oposición y en cabeza ahora de las encuestas de opinión, consideró que la salida de Gaspar significa la "caída definitiva" del Ejecutivo y exigió convocar elecciones, según declaraciones del portavoz de la organización, Joao Ribeiro.

El secretario general del PS, António José Seguro, pidió además una audiencia urgente con el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, del mismo partido de Passos Coelho.

Tampoco gustó a la izquierda el nombramiento, en sustitución de Gaspar, de Albuquerque, de 46 años y responsable hasta ahora, como secretaria del Tesoro, de las emisiones de deuda soberana lusa y del proceso de vuelta a los mercados financieros que debe realizar este mismo año Portugal.

La ahora ministra ha sido cuestionada varias veces por la oposición a raíz de su participación en la contratación de derivados financieros de cobertura de riesgo crediticio (swap) que han ocasionado perjuicios al Estado luso, aunque Passos Coelho la exoneró de cualquier responsabilidad.

Los partidos a la izquierda del PS en el Parlamento, como el comunista y el Bloque de Izquierda, exigieron también que Passos Coelho y el resto del Gobierno renuncien y consideraron el nombramiento de Albuquerque muestra de que las políticas de austeridad no van a cambiar.

Gaspar se había convertido en el ministro más impopular del Gobierno y su dimisión fue pedida numerosas veces en debates parlamentarios, manifestaciones y protestas.

En su carta de renuncia, el ministro saliente se quejó hoy de la tardanza en obtener un "mandato claro" para cumplir los últimos acuerdos con la troika, así como de la erosión que sufrió el programa de ajustes por las dos sentencias del Tribunal Constitucional que anularon varias de sus medidas de austeridad.