La UE acuerda una orden europea de protección a las víctimas de maltrato con base penal

Sopot (Polonia).- Los ministros de Justicia de la UE lograron hoy, tras más de un año de negociaciones, un acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para crear una orden de protección para víctimas de violencia de género con base penal, como propuso España durante su presidencia comunitaria de turno.

La propuesta española fue rechazada en un principio porque suponía demasiadas complicaciones técnicas, ya que los países de la UE regulan la protección de víctimas de maltrato de manera distinta, y mientras unos cuentan con una base legislativa civil o administrativa, otros como España le otorgan carácter penal.

Algunos países se declararon preocupados por cómo se traduciría la medida española en la práctica, ya que si una víctima de maltrato procedente de Luxemburgo (donde no respetar la orden de alejamiento se pena con una multa) se traslada a España y su agresor la sigue, éste podría acabar en la cárcel.

Este aspecto ha sido modificado de manera que, cuando se pasa de un sistema con base penal a uno con base civil, las autoridades del segundo país pueden tomar una decisión nueva sobre el caso y adaptarlo a su ordenamiento jurídico sin incrementar el grado de la penalización.

"Es un día importante para las víctimas europeas. Hay un acuerdo de mínimos entre el PE, la CE y el Consejo", dijo a Efe el secretario de Estado español de Justicia, Juan José Campos, tras la reunión informal de ministros que se celebró hoy en Sopot (Polonia).

Campos considera realista que la propuesta quede aprobada antes de finales de año y recordó que la medida permitirá que "las víctimas europeas estén protegidas mas allá de las fronteras que las alberguen en un momento determinado".

El secretario de Estado no quiso comentar el enfrentamiento que la propuesta española generó entre la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que finalmente no estuvo presente en el encuentro de hoy, aunque reconoció que el documento "ha tenido una travesía delicada".

Reding llegó a decir en 2010 que la iniciativa española era una "chapuza", ya que planteaba problemas técnicos porque no todos los países recogen en sus ordenamientos jurídicos la protección de víctimas con la misma base.

"Me quedo con lo que ha dicho hoy", respondió Campos y aseguró que la propia comisaria "ha hecho una defensa de la necesidad de este instrumento".

La comisaria Reding, que en su comparecencia ante la prensa al término del encuentro no anunció el acuerdo hasta ser preguntada al respecto, se limitó a decir que "las negociaciones han avanzado muy rápidamente y es posible que la Presidencia polaca pueda finalizarlas".

"En paralelo, trabajaremos sobre las cuestiones civiles. Ambas propuestas (la de España y la de la CE) van juntas necesariamente para que las víctimas sepan que cuando se vaya al extranjero su protección se va con ellos", recalcó.

El Ejecutivo comunitario goza del derecho de iniciativa legislativa en materia civil y suele mostrarse contrario a propuestas que, como la española, partan de un gobierno nacional, a pesar de que el Tratado de Lisboa estipula que los gobiernos nacionales tienen esta competencia para cuestiones penales.

En mayo de este año, Reding presentó su llamado "plan integral de protección de víctimas", que incluía tres medidas: dos directivas, una que fija normas mínimas para víctimas de delitos y otra que regula las compensaciones económicas a las que tienen derecho, y un reglamento sobre los derechos civiles de las maltratadas que completaba la propuesta española (de carácter penal).

Bruselas insistía hasta hoy en negociar primero su propuesta civil y dejar la española (penal) para más adelante, pero ante el respaldo del PE, la presidencia polaca y una mayoría de delegaciones nacionales tuvo que ceder y aceptar que el proceso será el contrario.

Para aprobar la protección de víctimas de maltrato en su vertiente civil se requiere el apoyo de los países de la UE y de la Eurocámara, un proceso que según fuentes comunitarias podría demorarse hasta dos años.

María Ruiz