"Al parecer el Tribunal Constitucional tomó decisiones que no están siendo acatadas por las otras instituciones del país, y hay medidas que adoptaron los legisladores que afectan su funcionamiento", justificó el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, al dar cuenta en conferencia de prensa de un debate entre los 28 comisarios europeos.
Timmermans subrayó que el objetivo de esta investigación es "clarificar los hechos de manera objetiva" e "iniciar un diálogo con las autoridades polacas sin prejuzgar de los próximos pasos".
La Comisión hará una primera evaluación de la situación en Polonia seguida de conclusiones sobre si hay o no una "amenaza sistémica hacia el Estado de derecho".
La reforma del Tribunal Constitucional fue adoptada el 24 de diciembre. Modifica las reglas de voto por mayoría cualificada de la instancia. La corte deberá por tanto contar con el voto de 13 de sus 15 jueces en casos de gran importancia, frente a los nueve que tenía que juntar anteriormente. El gobierno también designó cinco jueves, iniciando así un pulso con el presidente del tribunal.
La segunda ley, votada el 30 de diciembre, pone fin a los mandatos de los miembros de dirección y del consejo de vigilancia de la televisión y la radio públicas y otorga el poder de nombrar esos cargos al ministro del Tesoro.
Las nuevas leyes promulgadas en Polonia no están directamente en infracción con la legislación europea, pero plantean en Bruselas interrogantes sobre el respeto del Estado de derecho.
Timmermans había enviado a fines de diciembre una carta en la que pedía a Varsovia explicaciones sobre las dos leyes.
En conferencia de prensa, Timmermans se pronunció sobre la investigación de la reforma judicial mientras que sobre la ley de medios reiteró la "inquietud" de la Comisión, sin ir más lejos. La respuesta a la misiva de la Comisión sobre esta ley recién llegó a Bruselas el 7 de enero y está siendo analizada.
En Varsovia, el gobierno polaco relativizó el anuncio.
"Se trata de un diálogo estándar. No se tomó ninguna decisión que pueda tener un impacto negativo en las relaciones entre Polonia y la Unión Europea", dijo un portavoz del gobierno.
"La Comisión sólo quiere un poco más de información sobre lo que sucede en Polonia", añadió.
Esta es la primera etapa, de tres, en el procedimiento de salvaguarda del Estado de derecho creado en marzo de 2014 por la Comisión Europea y que jamás fue utilizado hasta ahora, explicó Timmermans.
Si el mecanismo de vigilancia lanzado por Bruselas, que consiste en un diálogo con el Estado miembro, no logra evitar la "degradación sistémica" del Estado de derecho, los tratados europeos prevén una sanción que consiste en retirar al país en cuestión su derecho a voto en las cumbres y reuniones ministeriales de la UE.
El martes, el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, se declaró "asombrado" por lo que considera como "un intento de presionar a un parlamento democráticamente electo y al gobierno de un Estado soberano", según una misiva de tono muy poco diplomático enviada a Timmermans.
La inquietud va incluso más allá de la Comisión Europea. En Alemania, numerosos políticos criticaron las reformas, lo que valió a Berlín una convocatoria de su embajador en Varsovia.
El presidente polaco, Andrzej Duda, figura del partido conservador Derecho y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kaczynski (que se impuso en los comicios de octubre), estará en Bruselas el próximo lunes, la víspera de que la primer ministra, Beata Szydlo, "defienda" en persona "la reputación de Polonia" en un debate del Parlamento Europeo en Estrasburgo (este de Francia).
bur-pa/dmc
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