Sábado, 21.09.2019 - 20:22 h
Caso 'Máster'

La URJC suspende a Enrique Álvarez Conde, el director del máster de Cifuentes

La Universidad también expedientará a todos los funcionarios implicados en las irregularidades y enviará a Fiscalía toda la información en su haber.

Enrique Álvarez Conde, exdirector del IDP.
Enrique Álvarez Conde, exdirector del IDP. / EFE

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cursó su polémico máster.

Ramos ha informado de esta decisión al Consejo de Gobierno de la URJC, que se ha reunido esta mañana y en el que también ha comunicado la apertura de un expediente disciplinario a la funcionaria de la universidad Amalia Calonge "por graves irregularidades detectadas" en la investigación abierta por la propia institución académica sobre el máster de Cifuentes.

Así consta en el informe de conclusiones de la investigación abierta por la Universidad a raíz de la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha presentado Ramos en el Consejo de Gobierno, donde ha avanzado que prosigue la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y, en particular, en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico "de todas las formas que se consideren oportunas y en todo lo que no interfiera con la denuncia ante la Fiscalía". En este informe, se recomienda tomar las medidas que "aseguren la obtención de información y de control" del Instituto de Derecho Público en todas sus actuaciones y, en particular, respecto al desarrollo del polémico y de las calificaciones efectuadas en el mismo.

Por otro lado, se realizará una auditoría de todos los institutos y centros propios de la Universidad para garantizar que todos los procesos de gestión académica y económica se desarrollaron conforme a la legislación, una decisión que se toma ante los "graves hechos" que ocurrieron con anterioridad a su toma de posesión. "El objetivo de la misma es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional", expone Ramos en su informe ejecutivo.

"Todo ello se enmarca en la política de defensa de la reputación de la institución y de la honorabilidad de todos aquellos que forman parte de la comunidad universitaria. Nuestro compromiso implacable es el de investigar cualquier otra irregularidad o mala praxis de la que se pudiera tener conocimiento con el propósito, siempre, de depurar todas las responsabilidades a las que hubiera lugar", recoge el informe. Además, asegura que está "fuera de duda la honorabilidad de la inmensa mayoría del profesorado y del personal de administración y servicios de todos los centros de la universidad". "Por ello, este equipo de Gobierno se compromete a erradicar las malas prácticas pasadas y futuras que se pudieran dar en esta universidad".

Ahora en Portada 

Comentarios