Madrid, 8 nov.- El retorno del exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo a su puesto de fiscal con la máxima categoría establecida en el Estatuto del Ministerio Público, la de fiscal de sala, ha provocado hoy un nuevo desencuentro entre los sectores progresista y conservador de la carrera.
Así se ha puesto de manifiesto en la reunión del Consejo Fiscal celebrada hoy, en la que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido proponer la renovación de Joaquín Sánchez-Covisa como fiscal de sala coordinador de Extranjería y de Bartolomé Vargas como fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial.
Los nombramientos propuestos por Conde-Pumpido al Consejo Fiscal, cuyos nombramientos en cualquier caso no son vinculantes, han contado con el apoyo de cinco vocales: los tres de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el del teniente fiscal del Tribunal Supremo y el del fiscal inspector jefe.
Por el contrario, los seis vocales restantes, de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), han decidido no pronunciarse sobre estas plazas y emitir un voto particular.
La razón, según ha explicado a Efe su portavoz, Francisco Jiménez Villarejo, es que en su opinión estas vacantes no deberían haberse cubierto hasta que los tribunales resuelvan el recurso que el pasado viernes su asociación presentó ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra el reingreso del exministro de Justicia en la carrera.
La vuelta de Fernández Bermejo con la categoría de fiscal de sala se ha producido tras la aprobación el pasado 22 de septiembre de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permite a jueces y fiscales que ocupen un cargo político volver a su puesto sin perder la antigüedad.
La normativa establece también que al exministro se le debería asignar la primera plaza vacante en ese grado profesional.
La AF, sin embargo, sostiene que Fernández Bermejo perdió su categoría de fiscal de sala al ser nombrado ministro, en aplicación del artículo 348 bis de la LOPJ reformada en 1997, por lo que, como medida cautelar, solicitó al juzgado que se suspendiera la renovación de las vacantes hasta que se resuelva el recurso.
A la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre su petición, fuentes fiscales han informado a Efe de que los vocales de la AF han solicitado esta misma mañana a Conde-Pumpido que suspendiera la reunión del Consejo Fiscal fijada para hoy, en la que se iban a renovar las dos primeras plazas de fiscal de sala vacantes.
No obstante, el fiscal general del Estado, cuyo mandato finaliza el próximo día 20, ha preferido mantener la reunión y formalizar la renovación en su cargo de Sánchez-Covisa y Bartolomé Vargas.
Por su parte, los vocales de la progresista UPF, que han apoyado esta renovación, entienden que en este caso no se trataba de plazas vacantes, ya que lo que se ha formalizado es la renovación de Sánchez-Covisa y Vargas en los puestos que ya ocupaban.
En cualquier caso, los vocales de la UPF se han sumado a sus compañeros conservadores en un acuerdo aprobado por unanimidad por el que el Consejo Fiscal expresa su malestar porque el Parlamento haya aprobado esa reforma de la LOPJ sin consultar a este órgano, "siendo una norma de gran relevancia y trascendencia para el Ministerio Público".
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