Madrid, 14 feb.- El sindicato de funcionarios CSI-F ha informado hoy de que las cuentas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se han visto reducidas en unos mil millones en los últimos cinco años.
Según explica en una nota CSI-F, esta caída se ha debido a las menores aportaciones del Ministerio de Hacienda, a la utilización del remanente de tesorería de Muface y a la congelación de las ofertas de empleo público.
De acuerdo con sus cuentas, la aportación del Estado al régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios fue en 2009 de 1.143 millones, en 2010 de 1.123 millones, en 2011 de 1.101 millones, en 2012 de 1.082 millones y en 2013 de 898.572 euros.
En total, la reducción en esos cinco años ha sido de 245,2 millones, según el sindicato de funcionarios.
Esta menor contribución ha hecho necesaria la utilización del remanente de tesorería por valor de unos 980 millones de euros.
En 2009 se emplearon 141,7 millones, en 2010 fueron 201,5 millones, en 2011 unos 204 millones, en 2012 unos 207 millones y en 2013 la cantidad ascenderá a 227,1 millones.
En paralelo, CSI-F alerta de que, los resultados provisionales de 2012, reflejan un aumento de los beneficiarios, probablemente como consecuencia de la crisis económica y del regreso de muchos jóvenes al hogar de sus progenitores.
Asimismo, el envejecimiento de la población está teniendo como consecuencia una mayor necesidad de asistencia sanitaria y farmacológica y de protección social.
La consecuencia es que para 2013 se suprimen ayudas adicionales a los servicios de atención a la dependencia, de podología y termalismo para mayores, programas de becas de estudio y residencia para mutualistas o para la adquisición de vivienda propia (de 4 millones de euros se pasa a 240.000 euros), según CSI-F.
También se recorta el subsidio de jubilación (de un presupuesto de 15 millones de euros en 2011 se va a pasar a algo menos de 4 millones) y el de defunción (de 1.500 euros a 751).
Por todo ello, CSI-F propone la incorporación a Muface de nuevos colectivos (interinos de la Enseñanza, la Administración General del Estado, de Instituciones penitenciarias, de Correos, Agencia Tributaria o Universidad).
Otras medidas que plantea es que se busquen precios homogéneos en los servicios sanitarios que les ofrecen las comunidades autónomos y reducir al 25 % la diferencia entre las aportaciones estatales a la sanidad pública y al mutualismo administrativo.
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