Viernes, 21.02.2020 - 20:00 h

Las propuestas clave del documento de negociación de Podemos

  • El documento, de 97 páginas, se acompaña de una memoria económica.
  • Podemos no cede en el referéndum, pretende aumentar el gasto en 96.000 millones y exige que la vicepresidencia controle elementos clave del país.
Iglesias, con Sánchez, en su reunión en el Congreso, el pasado 5 de febrero.

Podemos ha presentado este lunes sus líneas maestras para negociar un posible acuerdo "de progreso" con el PSOE. Estas son algunas de las propuestas más destacadas en el programa, de 97 páginas, y en cuya elaboración ha participado una veintena de miembros del partido.

Referéndum en Cataluña: Para Podemos resulta "imprescindible". "No se trata solo de la única salida capaz de desbloquear una situación que se ha caracterizado por la negación del debate político y de la búsqueda de soluciones más allá del bloqueo institucional, sino que es, además, laopción que genera un amplio consenso entre la ciudadanía de Cataluña, con independencia de su posición acerca de la relación entre Cataluña y España, y que permite asimismo un debate real sobre las distintas opciones desde un espacio de consenso", se lee en el texto.

Podemos recuerda que existe ademásun marco internacionalque muestra, tanto en el caso de Canadá en relación con Quebec como en el del Reino Unido en relación con Escocia, "que ese es el camino real para una resolución positiva y el mejor marco posible para que los diversos proyectos puedan ser defendidos en su plenitud"

"Concretamente, la realización del referéndumtiene su marco legal en el artículo 92 de la Constitución española, que determina que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum", sostiene Podemos.

15 ministerios: Podemos plantea una estructura de Gobierno con 15 ministerios, algunos de nueva creación, como el de Plurinacionalidad. Además, se recuperan otros, como el de Igualdad, puesto en marcha en su día por el PSOE. Se crea uno específico para Medio Ambiente. Economía y Hacienda se funden en uno solo.

Artículo 135: "El gobierno iniciará un proceso de modificación del artículo 135 de la Constitución española para que no se priorice el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración de política económica, y para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales".

Deuda: "El gobierno promoverá la reestructuración de la deuda vinculada a las ayudas públicas al sector financiero, el memorándum de entendimiento y el rescate de la Unión Europea. En la devolución de los 60.000 millones de euros prestados a España en 2012 por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para rescatar al sistema financiero, participarán las propias instituciones financieras a través de un "impuesto de solidaridad" transitorio.

Impuestos: Una reforma fiscal que aumente la capacidad recaudatoria del Estado y su progresividad, por la vía del incremento de las bases tributarias y los tipos efectivos y la eliminación de incentivos y beneficios fiscales injustos e ineficientes (en opinión de Podemos): A partir de 60.000 euros de base imponible, se aumentará el número de tramos del IRPF y el tipo marginal de cada tramo desde el 45 % actual hasta un 55 % para rentas que superen los 300.000 euros anuales.

Se corregirá progresivamente la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro en el IRPF, para avanzar hacia una tarifa única.

Se revisarán los beneficios fiscales que presenten un carácter más regresivo tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades.

Se reformará en profundidad el impuesto de sociedades, con unos tipos efectivos realmente próximos a los tipos nominales, que se fijarán en el 30 %, y se establecerá un tipo mínimo para las grandes empresas y un tipo diferencial para los beneficios distribuidos y los beneficios reinvertidos que será del 25 %.

Se recuperarán y revitalizarán los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones, modificando el mínimo exento en el impuesto sobre patrimonio y favoreciendo la derogación de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones de forma coordinada en todas las comunidades autónomas.

Se aplicará el tipo superreducido del 4 % de IVA a un mayor número de alimentos y bebidas no alcohólicas, y se aplicará el tipo reducido del 10 % a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que actualmente no lo tienen.

Se reducirá el tipo del IVA aplicable a productos de gran interés social como son los productos culturales y escolares, para volver a la situación previa antes de la reforma del Partido Popular, y desarrollar una nueva fiscalidad (del 25 %) para los artículos de lujo.

Nuevos impuestos:Se establecerá una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética, impulsando la convergencia de la presión fiscal medioambiental española con la media de la Unión Europea. Para ello:

a) Se reformarán los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre el carbón y, en particular, los beneficios fiscales existentes.

b) Se aplicará una exención del impuesto sobre la producción de la electricidad para las instalaciones renovables de menos de 100 kilovatios.

c) Se igualarán los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo.

d) Se reformará el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para tomar en consideración las características contaminantes de los vehículos,

e) Se estudiará la posibilidad de establecer tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte.

f) Se estudiará la aplicación de impuestos de congestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte público.

y g) Se establecerá un precio mínimo en los derechos de emisión de CO2.

Plan de Renta garantizada: El gobierno presentará al Parlamento una propuesta de créditos extraordinarios para atender las prioridades sociales en 2016, especialmente las relacionadas con el rescate ciudadano y la financiación de un Programa de Renta Garantizada dirigido a eliminar la pobreza monetaria. A este plan se destinarán 15.000 millones de euros.

El plan se divide en un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35 % adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20 % por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1.290 euros. (ni que decir tiene que al final las familias que más miembros tengas recibirán proporcionalmente mucho menos, malo pues para la demografía que es otra de las grandes crisis del país y que sigue sin incentivarse).

Este plan integrará todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral.

Un programa de renta complementaria: establecimiento de un complemento para trabajadores y trabajadoras con baja remuneración, que elimine la discriminación que supone la "trampa de la pobreza" al tiempo que garantiza el acceso de los trabajadores de bajos ingresos a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo supondría de hecho una retirada gradual (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales. Supondrá garantizar unos ingresos mínimos de 900 euros mensuales para estos trabajadores y trabajadoras, que también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia.

Este complemento solo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del trabajo por encima de 250 euros, para evitar posibles situaciones de fraude.

Protección contra los desahucios, ley de dación en pago, suministros (agua, gas, luz) garantizados:Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado.

Incremento del Salario Mínimohasta los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura. Asegurar después la convergencia con el 60% del salario medio.

Reforma de la contratación temporal:Los contratos de obra o servicio determinado se convertirán de manera automática en indefinidos cuando su duración sea superior a un año o cuando se concatene una sucesión de estos contratos durante dicho periodo.

Reducción de altos cargos: "En primer lugar, reduciremos drásticamente el número de altos cargos y de sus remuneraciones. El Gobierno del Cambio también reducirá y agrupará las Secretarías de Estado dependientes de la Vicepresidencia, para constituir espacios de trabajo presidi-dos por la coherencia funcional"

Se pondrá en marcha una Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno.

Oficina de Derechos Humanos: Directamente vinculada a la Vicepresidencia. Esta Oficina coordinará la acción gubernamental para el desarrollo y la protección de los derechos humanos y, asimismo, ejercerá funciones ejecutivas destinadas a velar por el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos.

Reforma de la Constitución:para blindar los derechos sociales, "asegurar el buen funcionamiento de la Justicia" y establecer mecanismos contra la corrupción. "El texto constitucional puede y debe cerrar las "puertas giratorias" que conectan el ejecutivo los altos cargos nombrados por el gobierno con los consejos de administración de las grandes empresas estratégicas, puede y debe garantizar la financiación limpia y transparente de los partidos políticos, el texto constitucional, en definitiva, puede y debe comprometerse en la lucha contra la corrupción de las instituciones, como único camino para garantizar la democracia y, en último término, la soberanía popular.

Asimismo, la Constitución puede sentar las bases para el (siempre aplazado) cambio del modelo productivo español. También debe garantizarse la igualdad.96.000 millones de gastos e ingresos

El programa fija en 24.000 millones de euros cada año, 96.000 en total en la legislatura, los recursos destinados a poner en marcha su Plan de Bienestar Social y Modernización Económica, "destinado a fortalecer el Estado de bienestar y los servicios públicos relacionados con la atención a las personas, y a nuevas inversiones públicas, que supondrá una dotación presupuestaria adicional (para todas las administraciones públicas) de 24 000 millones de euros cada año durante toda la legislatura.

En la primera mitad de la legislatura (2016-2017), las prioridades y la financiación adicional que se destinará para atenderlas serán las siguientes:

1. Revertir los recortes en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia y protección social): 20 000 millones de euros.

2. Programa de Renta Garantizada: 15 000 millones.

3. Iniciar el programa de inversiones para la transición energética y la transformación de la economía: 13 000 millones.

La financiación se establece de la siguiente manera:

1. Reforma fiscal progresiva y lucha contra el fraude. Esto quiere decir que el peso fundamental de las medidas de impuestos que impulsará el gobierno recaerá sobre las rentas más acomodadas y sobre los sectores de población de mayor patrimonio. En total, estas medidas permitirán recaudar, en 2019, 40 000 millones de euros adicionales.

a. Lucha contra el fraude fiscal: 12 000 millones.

b. Reforma del IRPF: 10 000 millones.

c. Reforma de Sociedades: 12 000 millones.

d. Reforma de Patrimonio y Sucesiones: 2 000 millones.

e. Reforma del IVA: -4 000 millones.

f. Fiscalidad medioambiental, impuesto sobre transacciones financierase "impuesto de solidaridad": 8 000 millones.

2. "Efecto multiplicador" derivado del efecto expansivo de la propia política presupuestaria. El gasto público del Estado genera actividad económica, lo cual se traduce finalmente en un mayor consumo e inversión y, con ello, en mayor recaudación fiscal. Teniendo en cuenta que este multiplicador del gasto es claramente mayor que el multiplicador de los impuestos, el efecto estimado sobre los ingresos que cabe esperar por esta vía es de 29.700 millones de euros. Por tanto, en comparación con los ingresos previstos si se aplicara el Programa de Estabilidad actual, se producirá un incremento de los ingresos públicos de 69.700 millones de euros.

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