Las víctimas de la talidomida celebran el “cambio de rumbo” de la fiscalía

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) mostró este miércoles su satisfacción ante la decisión de la Fiscalía General del Estado de intervenir en el procedimiento que las víctimas han presentado en el Tribunal Supremo.
En declaraciones a Servimedia, el abogado de Avite, Ignacio Martínez, explicó que la reunión de esta mañana con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, supone “un cambio de rumbo” del Ministerio Fiscal, puesto que ha prometido intervenir “en el recurso de casación del Supremo y en nuevos procedimientos”.
A este respecto, el pasado octubre la Audiencia de Madrid canceló las indemnizaciones fijadas por un juzgado de 204 millones de euros por las malformaciones que causó el fármaco Talidomida, fabricado por la farmacéutica alemana Grunenthal contra las náuseas de las embarazadas.
Martínez subrayó que la Fiscalía debe actuar en esta causa, puesto que se trata de una “acción colectiva” que afecta a un conjunto de víctimas de un “producto defectuoso”. En este sentido, añadió que el Ministerio Fiscal tiene que ser “parte y luchar por los intereses de las víctimas, siempre y cuando, exista un interés social”.
Los representantes de Avite también han mantenido este miércoles una reunión de protocolo con el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes. Sobre este encuentro, el letrado expresó que Juanes se mostró “receptivo y sensible” con las víctimas y prometió, “en la medida de lo posible, dar un impulso a la causa”.
DECISIÓN DE LA FISCALÍA
El Ministerio Fiscal ha informado en un comunicado sobre su intención de intervenir en el procedimiento que las víctimas han planteado ante el Tribunal Supremo, así como en posibles demandas que puedan plantearse en otras instancias judiciales.
La Fiscalía señala que esta posibilidad legal estaría amparada en el artículo 124 de la Constitución y en el artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya modificación aprobada en 2014 amplía la legitimación del fiscal para intervenir en procedimientos en defensa de los intereses generales, y de los consumidores e usuarios.