Litigio contra Chevron pasará a Panamá y Venezuela con petición de embargo

César Muñoz Acebes

Quito, 2 mar.- El litigio iniciado hace 18 años contra la petrolera Chevron por contaminación en la Amazonía ecuatoriana entró hoy en una nueva fase con el anuncio de que los demandantes plantearan acciones legales en Panamá y Venezuela para el embargo de sus activos e incluso de los buques que pasan por el canal.

Su meta es lograr que las cortes en esos países reconozcan el fallo de dos tribunales ecuatorianos que condenan a la multinacional estadounidense a pagar más de 18.000 millones de dólares por los daños a la Amazonía causados entre 1964 y 1990 por Texaco, una compañía que Chevron adquirió en 2001.

La petrolera carece de activos en Ecuador, por lo que los demandantes acudirán a terceros países donde Chevron sí los tiene, según anunció hoy en una rueda de prensa Pablo Fajardo, uno de sus abogados de los demandantes, quien dijo que le obligarán a pagar "hasta el último centavo".

"Panamá nos parece un sitio muy importante, por ahí pasan todos los buques llenos de petróleo de la empresa Chevron y son exclusivamente de ellos. Venezuela también es un país importante, hay muchos activos de Chevron también allí. No son los únicos. Hemos dicho (que) vamos a ir a varios continentes", aseveró.

Fajardo explicó que iniciarán sus demandas "en muy pocas semanas", aunque dijo que aun no han decidido en qué país o países actuarán primero. Los procesos puede tardar entre cinco meses y cinco años, dependiendo de la agilidad judicial en la nación en cuestión, estimó el abogado.

Chevron participa en seis proyectos de hidrocarburos en Venezuela junto con la empresa estatal PDVSA y en 2010 bombeó más de 100.000 barriles de crudo al día en ese país, según sus últimos datos divulgados, mientras que Panamá es lugar de tránsito de sus envíos.

James Craig, portavoz de la compañía, dijo a Efe que las futuras demandas no deberían perjudicar sus operaciones en ambos países, porque en su opinión las rechazará cualquier Corte "que defienda el estado de derecho".

Craig interpretó el anuncio de hoy de los demandantes como "una forma de presionar para que la empresa se canse y les escriba un cheque (...). La empresa está empeñada en resistir esa extorsión".

La compañía acusa a los abogados de falsificar informes técnicos presentados a la Justicia ecuatoriana y las firmas de algunos de los demandantes, e incluso de escribir ellos mismos el fallo de primera instancia, en lugar del juez que lo firmó.

Por su parte, Fajardo, que ha negado esas alegaciones, dijo que Chevron "ha causado la muerte de miles, de cientos de personas, ha causado la devastación de una gran parte de la Amazonía ecuatoriana, ha arruinado la vida de pueblos indígenas".

Este jueves la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos ratificó la orden de ejecución de la condena contra Chevron, lo que ha dado "vía libre" para las acciones de los demandantes, según dijo hoy Luis Yanza, coordinador de la Asamblea de Afectados por Texaco.

La Corte también se ha negado a acatar un dictamen emitido en febrero por un tribunal arbitral internacional, establecido bajo el tratado de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, que pedía al Gobierno ecuatoriano que impidiera la ejecución del fallo.

"Un simple laudo arbitral, aunque resulte vinculante para Ecuador no puede obligar a sus jueces a violentar derechos humanos de nuestros ciudadanos", dijo la Corte en su fallo.

Craig afirmó que la compañía presentará ese laudo a los juzgados extranjeros a los que acudan los demandantes con sus nuevas acciones legales, como prueba de que Ecuador ha violado sus obligaciones internacionales al no parar la ejecución de la sentencia.

La empresa ha apelado el fallo en su contra en Ecuador, pero declinó pedir a la Corte de Sucumbíos que fijara el abono de una garantía monetaria para impedir la aplicación de la condena mientras se tramita ese recurso, lo que llevó a la Corte a ordenar la aplicación de la sentencia.

Según Fajardo, en procesos de este tipo en Ecuador esa garantía ronda el 8,15 % del fallo, lo que en este caso habría ascendido a casi 1.500 millones de dólares.