Llamazares pregunta al gobierna porqué no se persona en un litigio con la iglesia por la propiedad de 23 tapices históricos

El diputado de Izquierda Plural y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno en la que solicita explicaciones de que el Gobierno no se haya personado en un litigio contra la Iglesia Católica por la apropiación de 23 tapices flamentos propiedad de un asociación civil.

En concreto, el dipuado pregunta “¿por qué razón ni el Gobierno, ni la Fiscalía, se han personado en el proceso judicial que tras distintas sentencias contradictorias concluyó con la apropiación por el Arzobispado de Madrid de 23 tapices flamencos de los siglos XVI y XVII, pertenecientes desde 1869 a la Congregación de Santa Rita de Casia y a la Asociación civil del mismo nombre?”.Llamazares se interesa así por un largo litigio, iniciado hace más de 40 años, a través del cual la jerarquía de la Iglesia católica “trata de hacerse con el control completo de unos bienes históricos que están incluidos en el Inventario General de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid”.
Los expertos de la empresa de subastas Sothebys, consultados por los hasta ahora administradores de este patrimonio, cifraron su valor en torno a 30.000 euros cada uno.
Estos tapices han sido custodiados desde hace casi un siglo y medio por la Congregación de Santa Rita de Casia y la Asociación civil del mismo nombre. En los últimos años los máximos responsables de la Iglesia católica han desplegado una intensa campaña judicial para quedarse definitivamente con ellos.
El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, requirió los tapices a la congregación sin ninguna contraprestación, para que sirvieran para adornar la entonces recién inaugurada catedral de La Almudena.
Según explica Llamazares, la asociación se negó y decidió depositar las piezas en la Real Fábrica de Tapices a cambio de una prestación económica destinada a la obra social a favor de las mujeres maltratadas.
En 2004, explica el diputado, Rouco Varela “contraatacó” y decretó la extinción de la congregación de Santa Rita, con la consecuente incautación de sus bienes. La cofradía recurrió al Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica Vaticana, que dio la razón al Arzobispado de Madrid.
Sin embargo, el 12 de marzo de 2007, la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad la proposición no de ley 6/07, reconociendo a la cofradía el derecho a que los tapices depositados en la Real Fábrica siguieran reparándose con cargo al erario público.
El 7 de septiembre de 2012, la Fundación Real Fábrica de Tapices, la Fundación de Santa Rita de Casia y su Asociación civil lograron una victoria judicial contra el Arzobispado a través de la sentencia 172/2012 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid. La sentencia señaló que el Arzobispado “no ostenta, ni ha ostentado, dominio sobre dichos bienes muebles” y que el título vaticano esgrimido por el Arzobispado “carece de efecto alguno en el orden judicial civil del Estado español”.
Pero Rouco Varela presentó recurso de apelación contra este fallo y la Audiencia Provincial de Madrid le dió la razón, le otorgó la propiedad de los tapices y condenó a las dos asociaciones al pago de las costas judiciales.
Llamazares valora que en este litigio “está en cuestión si el Derecho Civil está por encima del Derecho Canónico en procedimientos de extinción de una asociación civil o viceversa”. De ahí que en su pregunta escrita al Ejecutivo platee que éste se pronuncie sobre si “¿Considera el Gobierno que en este caso el Derecho Canónico se ha impuesto al Derecho Civil?”.
La disputa entre la jerarquía católica y la asociación civil ha acabado en el Tribunal Supremo, que deberá resolver en última instancia sobre la misma. Ademäs, Llamazares pregunta al Gobierno sobre “¿qué garantías tiene de que los 23 tapices, que hasta ahora estaban custodiados por la Real Fábrica de Tapices y reparados con cargo al erario público, seguirán siendo conservados adecuadamente y accesibles al público?”.