La ministra de Justicia, Pilar Llop, inició su mandato hace poco más de mes y medio tras la remodelación que Pedro Sánchez hizo de su Gobierno. Antes de echar el cierre por vacaciones mantuvo los primeros encuentros con todos los colectivos profesionales de la Administración que ahora dirige, una ronda en la que también recibió a los representantes de los funcionarios, quienes reclamaron reanudar la negociación de sus retribuciones después de que no consiguieran cerrar un acuerdo con su antecesor en el Palacio de Parcent, Juan Carlos Campo. Así, con el objetivo de comenzar a tratar este asunto, que está provocando la fuga de muchos de los trabajadores de las sedes judiciales gestionadas por el propio Ministerio, el equipo de la nueva titular de la cartera de Justicia iniciará el nuevo curso con la convocatoria de dicha mesa para el próximo 2 de septiembre.
La subida del complemento específico de los funcionarios que desempeñan su labor en los órganos judiciales que dependen de la denominada 'zona Ministerio' es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales que desde hace años piden que todo el personal se sitúe al mismo nivel económico. La desigualdad salarial incita a los trabajadores a pedir el traslado a las sedes judiciales que están administradas por las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia transferidas.
De tal calibre es la cuestión que el pasado mes de mayo la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional -cuya gestión depende del Ministerio de Justicia- reclamó a la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público que encontrara una solución a este problema para evitar la fuga de talento, ya que la brecha salarial provoca que los funcionarios que ayudan a los magistrados a tramitar y a avanzar en los asuntos de gran complejidad de los que se encarga este órgano judicial, como extradiciones, terrorismo, además de macrocausas de corrupción, busquen un cambio de destino.
La última 'mesa de retribuciones' tuvo lugar el pasado 7 de julio, en la que el Ministerio dirigido entonces por Juan Carlos Campo trasladó su "última" oferta económica que consistía en incrementar el complemento específico entre algo más de 120 y 160 euros al mes, dependiendo del Cuerpo de funcionarios al que pertenezca cada trabajador. Asimismo, Justicia aceptó incluir en la propuesta de incremento salarial a médicos forenses y facultativos, pero sin concretar exactamente la cantidad que se destinaría a cada uno de ellos. También precisó que dichas cuantías, que posteriormente tendrían que recabar el visto bueno del Ministerio de Hacienda, se abonaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021. No obstante, las organizaciones sindicales consideraron que el aumento puesto encima de la mesa aún seguía siendo "insuficiente", ya que, según han expresado a lo largo de toda la negociación, los complementos que cobran sus compañeros de las comunidades con competencias transferidas superan los 200 euros mensuales.
Reunión aplazada
Así, fueron emplazados para un último encuentro el pasado 14 de julio. Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT adelantaron en un comunicado conjunto la postura que se iba mantener en esa reunión y señalaron que si Justicia argumentaba que Hacienda no le permite ningún gasto presupuestario mayor en el ejercicio de 2021, deberá realizar una oferta adicional de incremento salarial con cargo a los Presupuesto Generales del Estado del próximo año. Pero el cambio de titular en el Ministerio -Llop tomó posesión de su nuevo cargo dos días antes- hizo que esta conversación decisiva no llegara a producirse, por lo que se pospuso para septiembre, fijándose la fecha para principios de mes.
Fuentes sindicales consultadas por este diario indican que habrá que esperar a ver si Justicia ha variado su oferta o si bien mantiene la que trasladó Campo. En cualquier caso, aseguran que exigirán que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que ya se están negociando se incluya este complemento específico, así como un incremento salarial que la plantilla de funcionarios del ámbito no transferido no recibe desde hace algo más de una década.
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