España se juega la credibilidad de sus tribunales con la huida de Puigdemont

La justicia belga ha pospuesto hasta el 4 de diciembre su decisión sobre la entrega a España de Carles Puigdemont y de los cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas. Resueltas las dudas sobre la posición de la fiscalía de ese país, que tras pedir garantías de un juicio justo a la Audiencia Nacional ha apoyado la extradición de todos ellos a España, la situación del expresident y de los cuatro ex miembros de su Gobierno podría enfrentarse a distintos escenarios en un proceso en el que los jueces y tribunales españoles se juegan su credibilidad internacional.

En caso de que el Tribunal de Primera Instancia e Instrucción Neerlandófono (de lengua flamenca) de Bruselas falle contra Puigdemont y asuma las tesis del Ministerio Público belga, los reclamados podrán recurrir ante el Tribunal de Instrucción de esa capital. Su resolución también podrá ser recurrida ante la Corte de Casación de Bélgica, que tendrá la última palabra tras analizar si la decisión de la anterior instancia (el Tribunal de Instrucción) es conforme con la ley y está correctamente motivada.

En total, la decisión sobre la entrega del ex mandatario catalán y sus compañeros podría demorarse dos meses y hasta tres de manera excepcional, según el acuerdo marco de la Unión Europea que regula la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). 

Si a lo largo de ese plazo Puigdemont, alguno de los exconsejeros o todos ellos decidieran volver a España, no podrían hacerlo por sus propios medios. Tras su primera comparecencia, en la que rechazaron su entrega a España, la justicia belga les puso en libertad, pero con la obligación de no abandonar el país. La única vía sería presentarse de nuevo ante el tribunal, desdecirse de su anterior decisión de permanecer en Bélgica y asegurar que acceden a la entrega. 

Directos a la cárcel

En ese caso, serían trasladados a España y conducidos directamente a la cárcel, ya que la juez Carmen Lamela, la que instruye el caso contra ellos por rebelión en España, ha decretado órdenes de detención, entrega e ingreso en prisión -nacionales e internacionales- contra todos ellos. Eso no quiere decir que, tras tomarles declaración como querellados y si lo solicita alguna de las partes, puedan ser puestos en libertad con una fianza o con medidas cautelares menos graves.

El último escenario posible sería que la Justicia belga rechazase la entrega de los reclamados atendiendo a los supuestos riesgos para sus derechos fundamentales que alegan sus abogados ante las sospechas de un "juicio político". O que la condicionara a que fueran perseguidos únicamente por los delitos que se le imputan en España que también están recogidos en el Código Penal de aquel país. 

Esas posibles decisiones implicarían una ausencia de confianza de las autoridades de Bélgica en los tribunales de otro país europeo (España) en la que se se basa el mecanismo de la OEDE. El caso Puigdemont pasaría entonces de los juzgados a la política para transformarse, probablemente, en una crisis de ese instrumento y, por qué no, en un conflicto diplomático entre ambos Estados y en las instituciones europeas.