Lobo anuncia búsqueda de arreglo para resarcir parientes de muertos en cárcel

Tegucigalpa, 17 feb.- El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, anunció hoy que buscará, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un acuerdo para "resarcir" a los familiares de las 356 personas que murieron en el incendio de la Granja Penal de Comayagua (centro).

"Es mejor un arreglo amistoso que cruzar todo un camino largo; entonces, hemos pedido a la Comisión Interamericana para que nos ayuden a tener un diálogo" con los familiares de las víctimas, declaró Lobo, según un comunicado de la Casa Presidencial.

Por parte del Gobierno se encargarán el canciller Arturo Corrales; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, "y todas las autoridades que sean necesarias para que logremos tener un arreglo", informó.

"Reconocemos la pérdida que han tenido en sus familias y lógicamente tenemos que honrar lo que para nosotros es muy importante, que es lograr resarcir, aunque no la vida, pero sí estar presentes con la familia", expuso.

En el incendio de la prisión, alrededor de la noche del martes, murieron al menos 355 reos y una mujer que estaba de visita, según el Ministerio Público.

Lobo consideró que "es arriesgado señalar culpables" de la tragedia, en torno a la cual se barajan varias hipótesis, como un cortocircuito, la quema de un colchón o la mano criminal.

Recordó que en las investigaciones de las autoridades de Honduras también participan expertos de Estados Unidos.

Esta es la peor tragedia ocurrida en el sistema carcelario hondureño, donde el 5 de abril de 2003 fueron asesinados en una reyerta 66 reos y tres mujeres, incluida una niña, que visitaban a parientes suyos en la Granja Penal de El Porvenir (Caribe).

Un año después, el 17 de mayo de 2004, morían quemados en un incendio 107 reos del presidio de San Pedro Sula (norte), la segunda ciudad más importante de Honduras, por un cortocircuito cuyos efectos se agravaron por fallas estructurales en las instalaciones.

El 5 de septiembre de 2008, un tribunal de justicia sentenció a penas desde tres a 1.035 años de prisión a 21 responsables de la masacre de El Porvenir, entre reos, policías, militares y autoridades de la prisión.

En 2005, la Iglesia católica denunció al Estado de Honduras ante la CIDH por la muerte de los 107 reclusos en el presidio de San Pedro Sula.