Los ecologistas se quejan de que gallardón les “margina” en la ley de justicia gratuita

Las cinco mayores organizaciones medioambientales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) denunciaron este lunes que el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita auspiciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria, es “un duro golpe para la defensa del medio ambiente en España”, porque la propuesta del Gobierno “perjudica seriamente la capacidad de las ONG ambientales y de la sociedad” para defender el patrimonio natural.
Las ONG señalaron, en un comunicado conjunto, que el texto del Gobierno dificulta a esta organizaciones poder beneficiarse de la gratuidad de la Justicia, mientras que introduce modificaciones para que las asociaciones de consumidores y de víctimas del terrorismo puedan acceder a ella “sin necesidad de acreditar insuficiencia de ingresos”, lo que supone “una discriminación de difícil justificación”.
Además, apuntaron que la reforma de Gallardón introduce “nuevas trabas a la defensa del medio ambiente”, porque propone que a partir del tercer caso anual “haya que demostrar que no se está abusando del beneficio de justicia gratuita, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y supone un absurdo para las ONG ambientales, sobre todo las de ámbito nacional, que velan por el respeto a las normas ambientales en todo el territorio y tienen que actuar ante los tribunales en numerosas ocasiones”.
Añadieron que algunos de los ataques más graves contra el medio ambiente en España han podido ser llevados ante la Justicia gracias a la actuación responsable de las ONG ambientales que han velado por el interés público.
Igualmente, criticaron que el proyecto de ley exige el requisito de que el representante legal de la ONG tenga que ratificar personalmente cada recurso que se interponga y también obliga a estas organizaciones a tener que acreditar de nuevo la insuficiencia de recursos en caso de condena en costas.
“En definitiva, el proyecto de ley de Ruiz-Gallardón introduce demasiadas incertidumbres y hace que el proceso judicial sea excesivamente oneroso e incluso injusto y poco equitativo para las ONG ambientales, grandes o pequeñas, que en su gran mayoría no tienen ánimo de lucro, defienden fines de interés general y emplean sus recursos en defender un interés colectivo o difuso como es el medioambiental”, apostillaron.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF confiaron en que el debate parlamentario sirva para “corregir” el texto del Gobierno, si bien advirtieron de que estudian recurrir a la Comisión Europea y a otras instancias internacionales el incumplimiento por parte de España de los tratados internacionales (como el Convenio de Aarhus) y la normativa comunitaria de defensa ambiental (la Directiva 2033/35/CE).