Los fiscales piden denunciar a las residencias que obligan a esterilizar a mujeres discapacitadas

Las dos principales asociación de fiscales (Asociación de Fiscales (AF) y (UPF) Unión Progresista de Fiscales) consideran que debe denunciarse a los centros o residencias que obligan a esterilizar a las mujeres discapacitadas o con enfermedad mental. Esta medida se exige para que las mujeres sean aceptadas en estos establecimientos.
Este asunto ha sido denunciado por Ana Peláez, comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y presidenta del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad.
Peláez ha llamado la atención sobre el hecho de que "en muchos centros y residencias exigen la esterilización de las mujeres con discapacidad intelectual o enfermedad mental para poder ingresar”, algo que consideró muy grave.
A este respecto, María Morató, portavoz de la UPF (Unión Progresista de Fiscales), dijo a Servimedia que “hay que denunciar a esas residencias”. A su vez, Antonio Roma, de la AF (Asociación de Fiscales), señaló que es “censurable” que puedan darse las prácticas que denuncia la representante del Cermi.
Al mismo tiempo, los portavoces de la UPF y de la AF también se refirieron a la posibilidad de eliminar el artículo 156 del Código Penal, en el que se contempla la esterilización no consentida para mujeres con discapacidad. El Cermi ha pedido que este artículo se suprima en el marco de la reforma del Código Penal que está impulsando al Gobierno.
A este respecto, Morató, de la UFP, cuestionó la conveniencia de derogar el artículo 156 en lo referido a la esterilización, ya que es una medida que está sometida a control judicial. A su vez, Roma, de la AF, estimó que el artículo 156 establece una “vía”, pero que sólo es aplicada “excepcionalmente”. En todo caso, este fiscal concluyó que es el Parlamento el que debe decidir “si se deroga”.