Madrid, 25 ene.- Las principales asociaciones de jueces han acogido de forma favorable, aunque con matices, el anuncio del Gobierno de un cambio en el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acabar con la politización del máximo órgano de jueces y magistrados.
La propuesta del Ejecutivo es que ocho de veinte vocales del CGPJ sean elegidos por las Cortes y los doce restantes sean seleccionados por los propios jueces.
En declaraciones a EFE, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, ha aplaudido una medida que su asociación reclamaba desde 1985, cuando se modificó el sistema de elección de los vocales y se dio más peso al Parlamento.
No obstante, Llanera cree que el CGPJ es un órgano cuyas decisiones afectan al conjunto de los ciudadanos, por lo que, a su juicio, tampoco debería caer en un excesivo "corporativismo" que no tenga en cuenta los intereses públicos.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JdP), José Luis Ramírez, considera que la reforma propuesta por el Gobierno es un asunto "muy complejo" que "no debe ser abordado de forma alegre".
Ramírez ha asegurado que, si bien comparte el diagnóstico de que el poder judicial está "politizado", volver al sistema de elección previo a 1985 "no está exento de riesgos".
En opinión del presidente de JpD, la "innegable" politización actual del Poder Judicial deriva de los dos partidos políticos mayoritarios, el PP y el PSOE, que "han de asumir esta crítica".
"Ahora bien con una reforma así, nos podemos encontrar también con una politización del Consejo derivada de los propios jueces", ha advertido Ramírez, que ha recordado que con el sistema anterior la elección también se respondía a razones políticas al ser designados solo los jueces pertenecientes a una única asociación.
En esta línea, ha defendido que en el nombramiento de los doce vocales del CGPJ por jueces y magistrados se sigan criterios "proporcionales y no por mayoría" con el objetivo de evitar que la designación no refleje la pluralidad política del poder judicial.
"Es una reivindicación histórica", ha asegurado a Efe el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, que cree que la reforma mejorará la imagen de independencia y la reputación del Poder Judicial para que deje de ser una mera "correa de transmisión" de los partidos políticos.
Por otro lado, la APM ha apoyado la creación de una nueva tasa para poder recurrir las resoluciones judiciales y ha recordado que cada procedimiento, sin contar con los honorarios de los abogados, cuesta a los españoles unos 2.400 euros de media.
La APM considera que la nueva tasa puede acabar con el "uso abusivo" de la Justicia que hacen algunos ciudadanos.
Comparte esta idea la Asociación Francisco de Vitoria, que no se ha mostrado en contra de la tasa, siempre que sea de pequeña cuantía, tenga un objetivo "disuasorio" para las cuestiones "banales" y se garantice la justicia gratuita.
Por contra, Jueces para la Democracia ha criticado la propuesta porque se trata de una medida "elitista" y "totalmente injusta" que solo favorece a los que tienen más posibilidades de interponer un recurso.
Para su portavoz, José Luis Ramírez, "el efecto disuasorio" que busca la medida ya está cubierto con el pago de las costas judiciales.
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