Pamplona, 23 nov.- Los jueces españoles han pedido hoy a las nuevas Cortes y al nuevo Gobierno que de ellas salgan su apoyo para acometer, junto a las comunidades autónomas con competencias en la materia, el reto "más urgente" que les aqueja, como es la "agilización de la Justicia" y la modernización de sus medios.
Así lo ha indicado en conferencia de prensa el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, acompañado de los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de España que durante tres días han reflexionado en Pamplona sobre asuntos comunes.
De sus análisis destaca el de que los ciudadanos "no sienten desafección" por la Justicia "pero sí se sienten decepcionados por su funcionamiento cotidiano", por lo que apuestan por su modernización, aunque ante la reducción de presupuestos han abogado por "hacer más con menos" y suplir las deficiencias con "imaginación".
Así, Fernández ha reconocido que no todo es cuestión de dinero, ya que se pueden distribuir "mejor" los recursos de los que ya disponen, lo que no es óbice para demandar "inversiones de cierta importancia" que son imprescindibles, todo ello bajo el parámetro de que en justicia el dinero "no es gasto sino inversión".
En su documento de conclusiones, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España sostienen que la agilización es el "reto más urgente" y debe ser un objetivo común prioritario para que desde los juzgados y tribunales se pueda "impartir una Justicia del siglo XXI".
Los presidentes resaltan que "una Justicia independiente es esencial para el funcionamiento del Estado democrático y de derecho, lo que exige robustecer sus garantías, así como una ejecutoria institucional comprometida con las buenas prácticas democráticas".
Estiman que la independencia judicial ha de ser respetada por todas las instituciones y defendida por marcos idóneos, por lo que, "frente a los ataques dirigidos a deslegitimar las actuaciones judiciales", recalcan la importancia de "seguir potenciando mecanismos alternativos que los contrarresten".
Respecto a la agilización, Fernández, acompañado de los presidentes de TSJ de España que han participado en la reunión -todos excepto el de Canarias- ha trasladado que en el documento aprobado inciden en que "los ciudadanos tienen el derecho a recibir una respuesta motivada y en un tiempo razonable a las pretensiones que formulan ante los tribunales de Justicia".
Sin embargo, agregan, por diversas razones, se están produciendo dilaciones que han de ser corregidas con urgencia, para lo que plantean propuestas, como la adecuación de la planta judicial al número de asuntos que se someten a la Justicia.
Consideran además que la falta de implantación de las tecnologías propias de la sociedad de la información "lastra la efectividad del Poder judicial", y tildan de "incomprensible que los tribunales de España no puedan trabajar en red ni cuenten con una red de comunicación rápida, algo insólito".
La "modernización" de la planta judicial es otra de sus propuestas, que plantea modificar la actual configuración basada en los partidos judiciales que debe ser superada por "obsoleta".
También piden un "freno a la tendencia a incrementar la criminalización de conductas", de manera que se confíe la tarea de controlar y sancionar determinados comportamientos a instancias administrativas, y apuestan por la mediación y el arbitraje.
En el documento reflejan que la experiencia del desarrollo de la Nueva Oficina Judicial demuestra que, siendo evidentes las "potencialidades y ventajas" que supone la creación de servicios comunes, existen "disfunciones" como la excesiva burocratización.
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